Contraloría dictamina que órganos del Estado no pueden bloquear a usuarios desde cuentas institucionales de Twitter
Por: El Desconcierto
| Publicado: 12.07.2019
twitter contraloria | AGENCIA UNO
El organismo fiscalizador llamó a desbloquear a todos los usuarios que hayan resultado afectados por dichas políticas incorrectas de censura.
La Contraloría General de la República dictaminó que las instituciones públicas no pueden bloquear a usuarios en sus cuentas de Twitter. Esto a propósito de la denuncia de Manuel Lobos y David Zúñiga, quienes fueron bloqueados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Desde la la jefatura jurídica de la PDI señalaron que cuentan con un manual de uso de redes sociales, donde se reservan el derecho a bloquear las cuentas de usuarios que transgredan ciertas normas básicas, tales como utilizar lenguaje violentos o emitir descalificaciones.
De esta forma, la policía defendió su postura, argumentando que el acto de bloquear a otro usuario no constituye «una conducta arbitraria o ilegal, sino una manifestación de su derecho sobre la misma».
Desde la Contraloría se basaron en la Constitución para su dictamen y apelan a que «todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio». Esto no significa que el usuario quede libre de responder ante eventuales delitos en los que incurra en sus comentarios.
De esta forma, el organismo fiscalizador determinó que la cuenta de Twitter de la PDI y otras instituciones deben servir a los fines institucionales o para publicitar comunicaciones o hechos de interés general para toda la población.
“Consecuente con lo expuesto, no corresponde que la PDI bloquee unilateralmente en su cuenta institucional a aquellos usuarios particulares de la citada plataforma virtual de comunicación social que han emitido ciertas opiniones o expresiones, debiendo adoptarse, a la brevedad, las acciones necesarias para subsanar dicha situación”, comunicó el ente fiscal.
Cabe aclarar que bajo ningún punto esto significa que esté permitido insultar o maltratar a las autoridades mediante redes sociales. En estos casos, el organismo puede acogerse a su válido derecho de no responder a los requerimientos realizados de forma irrespetuosa.
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