El 2007, a la ex monja Sandra Pavez se le revocó el certificado de idoneidad para impartir clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, sólo por el hecho de reconocerse como lesbiana y mantener una relación con otra mujer.
Luego de 11 años de investigación y litigios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ente declaró responsable al Estado de Chile por la vulneración de igualdad, de vida privada y el principio de la no discriminación en este caso.
En su momento, desde el Arzobispado incluso le solicitaron a la profesora realizar terapias psicológicas y psiquiátricas internas de la Iglesia con el objetivo de «curar» su lesbianismo.
Tras negarse a someterse a estos tratamientos, la mujer fue apartada de sus funciones, y más tarde comenzaría el libelo contra el Estado chileno en la CIDH, luego de que la justicia local -Corte de Apelaciones y Corte Suprema- indicara que no se había incurrido en una vulneración al quitarle su certificado de idoneidad.
Este fallo, que responsabiliza al Estado chileno de vulnerar los Derechos Humanos de la mujer, marca un hito histórico, dado que también involucra a la Iglesia y su resolución se extendió por más de una década.