Antes de entrar a trabajar en el gobierno como subsecretario de Desarrollo Regional, el ingeniero comercial Felipe Salaberry Soto ejerció como lobbista en los pasillos del Congreso. Previamente había sido diputado, desde 2002 hasta 2014, y antes, concejal por Ñuñoa, la misma comuna en la que, según un reportaje del sitio web de Radio Bío Bío, se pasó tres luces rojas (con los posteriores insultos al inspector municipal que lo fiscalizó).
Tres meses después de salir de la Cámara Baja, en 2014, el subsecretario buscó formas de reinventarse, según constató el matutino El Mercurio: “Me pregunté qué es lo que sé hacer y, dada mi expertise laboral, formé Anticípate Consultores”, desde donde buscaban “anticiparse a los procesos legislativos y definir cuáles son los temas que van a influir en la gestión laboral y de recursos humanos de una empresa o gremio”.
Según el Diario Oficial, “Asesorías e Inversiones Felipe Salaberry Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” fue constituida en 8 de marzo de 2014. Parte de su trabajo, según consta en el documento, es la asesoría de comunicación estratégica, las inversiones de bienes (“inclusive de acciones, de sociedades, civiles, comerciales y mineras de cualquier naturaleza o en derechos en sociedades de personas, bonos, valores de las rentas”); asesorías en materia de legislación laboral, el estudio, desarrollo ejecución y explotación de inversiones y negocios mobiliarios e inmobiliarios. El capital de inicio fue de $3 millones, y la duración de la escritura del mismo trabajo fue de cinco años (expiró en marzo pasado).
En diciembre de 2016, distintos lobbistas mostraron su molestia por los efectos del control de su trabajo (que implicaba el registro de gestores de interés y las empresas que representaban, además de la burocratización para las comunicaciones con los congresistas). En ese entonces, el subsecretario Salaberry (y entonces miembro de la comisión política de la UDI) señaló desconocer el ejercicio del lobby informal: “Sería una irresponsabilidad abordarlos de manera impropia”. El mismo diario precisaba que “Anticípate F&S Consultores”, nombre ficticio de la sociedad unipersonal, no estaba registrada en el Consejo para la Transparencia como gestora de intereses. Tampoco aparecía su nombre. No obstante, en los documentos de la Cámara baja sí hay documentos con su firma.
Mientras se discutía la reforma educacional impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet, en mayo de 2017, el subsecretario tomó contacto con el presidente de la comisión de Educación. La institución a la que representaba era el Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados (VERTEBRAL).
Un año después, en 2018, el Centro de Investigación Periodística CIPER reveló que el senador José Durana fue socio de Salaberry en Siglos SpA, la sucursal de Anticípate. El mismo artículo mostró que hubo órdenes de compra por $6,7 millones en total por servicios de consultoría y capacitación en los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.
En los años posteriores a su salida oficial del Congreso (al menos como parlamentario), distintas fuentes reconocieron que era habitual ver a Salaberry a las afueras de las comisiones, esperando que las sesiones terminaran. Era una forma de evitar el reconocimiento obligatorio que implicaba la legislación. Después de ese trabajo, saludaba alegremente a los miembros de la comisión política de la UDI, su partido, y se quedaba conversando con ellos.