Este domingo fue otra de las jornadas en que miles de personas marcharon exigiendo el fin del sistema actual de pensiones, representado en las AFP. En esta oportunidad, la manifestación se dio en el contexto del debate por la propiedad de los fondos de previsión, y el caso de María Angélica Ojeda, la profesora que solicitó al poder judicial que se le entreguen estos ahorros que cuestodian las administradoras. Esta emblemática causa es una de las muchas que se han ingresado por el mismo motivo a lo largo del país, y que habrían llevado la discusión al Tribunal Constitucional.
Las autoridades cifraron en más de 2500 los y las asistentes a la instancia convocada por la Coordinadora No+AFP, que aboga por el reemplazo del sistema de ahorro personal por un modelo solidario.
Luis Mesina, vocero de esta organización, declaró luego de marcha que estaba feliz, «porque después de un largo periodo de tiempo la gente nuevamente acogió el llamado”. Esta protesta se llevó a cabo en la Alameda en el caso de la capital, y también fue replicada en otras regiones y puntos del país.
“Hay una luz de esperanza para todos los que venimos hace tantos años peleando por restituir la seguridad social. Creo que eso es lo más importante”, dijo el dirigente según Dairio U de Chile. Esto debido a que – como estableció también Mesina según Cooperativa – «la Justicia, los Tribunales diriman si, efectivamente, somos propietarios de nuestros ahorros».
“La propuesta del gobierno mantiene el negocio de las AFP, la lógica de la capitalización individual, la posibilidad de que las compañías de seguros u otros organismos privados sigan lucrando con los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras y no soluciona a corto plazo la mejora de las pensiones, que son un fracaso desde el punto de vista social”, explicó el diputado Giorgio Jackson – quien asistió a la marcha – al medio universitario antes mencionado.
Mientras, desde el gobierno, el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg respaldó la iniciativa del ejecutivo y dijo que estaba seguro de que este continuaría avanzando en su trámite parlamentario. «No es la mejor forma, ni es la que más protege a nuestros adultos mayores, plantear que, a costa de las pensiones, se solucionen otros legítimos problemas que puedan estar afectando a muchas familias, como el endeudamiento con la banca u otros aspectos», afirmó el titular del Trabajo.