Durante esta jornada, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento de la Corte de Apelaciones, ante la solicitud de una persona de Punta Arenas que busca retirar sus fondos de pensiones ahorrados en su AFP.
El propósito del tribunal de alzada es que el TC determine si es aplicable el decreto Ley 3.500, que regula el actual sistema de pensiones, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.
La decisión fue tomada de manera unánime por los ministros María Luisa Brahm, Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo, Miguel Ángel Fernández.
Se trata del caso de una trabajadora de la atención primaria de salud municipal que acudió a la Corte de Apelaciones luego de que AFP Habitat se negara a permitir que retirara sus fondos previsionales, que ascienden a $51.447.951.
En el recurso, la enfermera de iniciales B.V.F., de 60 años, y que cotiza hace cerca de 40 años en el sistema de AFP, explica que tiene dos hijos mayores y que, a la fecha, sigue un tratamiento porque tiene hipertensión. Junto con esto, indica que arrienda una propiedad donde vive con su hija y nieta, y que mantiene dos deudas que juntas superan los $400 mil mensuales.
En esa línea, la mujer indica que con su pensión no le alcanzaría para solventar sus gastos y mantener su nivel de vida, «teniendo que posiblemente después de largos años de trabajo endeudarme o dejar de salir de mi casa, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo».