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Luego de que se firmara el acuerdo por una nueva Constitución entre el oficialismo y la oposición, muchos llamados se orientaron a que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado no podían quedar impunes.
A propósito de lo mismo, distintos parlamentarios y líderes del Frente Amplio, presentaron públicamente una propuesta de Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que dé respuesta a los numerosos casos de violaciones a los DD.HH. durante el último mes de protestas sociales.
La presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, indicó la importancia de esta instancia, en un contexto donde «hay promesas explícitas de impunidad, en palabras del general director de Carabineros».
En esa línea, la dirigenta reiteró lo que el bloque ha planteado durante los últimos días: la petición de salida de Mario Rozas de la Dirección General de Carabineros. Además, adelantó que esta semana se presentará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes) -quien ya presentó esta propuesta en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja-, instó al gobierno a viabilizar la conformación de esta comisión y a comprometerse a «hacer justicia y reparar el daño que se ha hecho».
En tanto, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) reparó en que el estallido social dejó de manifiesto «que tenemos unas Fuerzas Armadas y Carabineros inmensamente poco profesionales, que violaron protocolos», dejando numerosas víctimas.
De esta forma, -mediante el documento de la propuesta- el bloque plantea que esta comisión tendría «por objeto garantizar a las víctimas de agentes del Estado poder recurrir en búsqueda de verdad, justicia y reparación sin que exista ningún impedimento, considerando el principio de imprescriptibilidad a los delitos por violaciones de DD.HH».
Esta comisión -que sería permanente- «propone el valor y principio fundamental de garantizar a la víctima, independiente del tiempo transcurrido desde los hechos cometidos ilegítimamente en su contra, el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia».
«Es menester que dicha comisión no sólo atienda delitos por violaciones a los derechos humanos cometidos a propósito de los últimos acontecimiento en el país, durante el estado de emergencia decretado por el Presidente de la
República, sino que permite abordar cualquier crimen cometido por agentes del estado contra civiles sin fechas determinadas», agrega el documento.
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