La Contraloría General de la República (CGR) informó que ha recibido 59 denuncias por la campaña «por la Paz» que encargó La Moneda a la agencia J. Walter Thompson y que tendrá un costo de $202 millones.
Las criticas hacia la campaña no es solo por los mensajes que pretende instalar sino que también a los supuestos legales que le permitieron a la Secretaría General de Gobierno contratar la campaña «con la omisión del procedimiento de grandes compras de Convenio Marco«.
Uno de los que llamó a la CGR a tomar acciones de el abogado y exjefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas (2014-2018), Gabriel Alemparte, quien señaló en Twitter: «espero que la Contraloría aplique criterio de dictámenes anteriores y no permita este gasto por ilegal. Aquí no se está promoviendo ley alguna ni campaña de utilidad pública«.
Ante esto, el órgano contralor comunicó a través de la misma red social que ya ha recibido 59 denuncias por la campaña.
Cabe destacar que la agencia encargada de la campaña está, desde agosto de 2015, inserta en un convenio marco de campañas publicitarias tras un proceso de evaluación que encabezó la Secom para agrupar a empresas en diversas categorías: asesorías creativas de alto impacto, de bajo impacto, asesorías comunicacionales, asesorías en medios tradicionales y en medios digitales.