Este lunes, la senadora Yasna Provoste y el senador Carlos Bianchi solicitaron a la mesa de la Cámara Alta anular la polémica votación del proyecto de reforma constitucional que pretendía consagrar las aguas del territorio nacional como un «bien de uso público«, bajo el argumento de que cuatro de los parlamentarios que votaron en dicha ocasión, tendrían conflictos de interés.
Se trata de los UDI Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro, y los RN Manuel José Ossandón y Juan Enrique Castro, todos con algún grado de conflictos de interés, según la denuncia.
El texto presentado por Provoste y Bianchi explica que «al participar en el debate, (los senadores antes nombrados) no advirtieron ni expresaron de ninguna forma que todos ellos registraban derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea a título personal, a través de sus cónyuges o de sociedades en las que participan», por lo que habrían transgredido el «artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional, y el artículo 8 del reglamento del Senado».
Uno por uno
En el texto se mencionan además la vinculación de cada uno de los parlamentarios mencionados a los derechos de aguas.
En el caso de Juan Antonio Coloma, la denuncia señala que está vinculado a dos derechos de aguas obtenidos en abril de 2011 y octubre de 2013 por la sociedad «Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A.», de la que participa su cónyuge, Maria Cecilia Álamos.
Por su parte, Alejandro García Huidobro, registra según al denuncia cuatro derechos de aprovechamiento de aguas en la región de O´higgins, «para usar las aguas del Río Cachapoal, en el Canal El Alba».
Otro de los denunciados, el senador RN Juan Enrique Castro, «registra dos derechos de agua, vinculados a sociedades en las que tiene participación, que datan de 1987, en la región del Maule«, según el texto.
Por último, el senador Manuel José Ossandón «registra en su última declaración de patrimonio un derecho de agua de 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana», establece el escrito.
Por estos antecedentes, Provoste y Bianchi solicitan la anulación de la votación de la semana pasada, donde a pesar de que la iniciativa consiguió 24 votos a favor y 12 en contra, fue rechazada ya que su modificación requiere de un quórum de dos tercios, equivalentes a 29 votos.