Recientemente la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Egnem, fue nombrada presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), desde donde jugará un rol protagónico en la custodia del proceso que definirá una nueva Constitución.
Pero la carrera de Egnem, por ascendente que haya sido, tiene una mancha que difícilmente podrá borrarse.
Esto porque durante el primer año de la dictadura, diecinueve ciudadanos de Laja y San Rosendo, fueron secuestrados y luego asesinados por agentes del Estado en un predio forestal, para luego enterrar sus cuerpos en el Fundo San Juan, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del Grupo Matte.
Una operación que hasta ahí contó con la participación coordinada de agentes estatales y privados.
Sin embargo, al poco tiempo a estos se incluiría la participación de miembros del poder judicial, a través de quien recientemente fue electa como garante del proceso que definirá una nueva Constitución.
Esto porque en octubre de 1973, un agricultor de la zona encontró los cadáveres mutilados de algunas de las víctimas y dio cuenta a la justicia. Lamentablemente, su denuncia fue ocultada en una caja de fondos por Rosa Egnem, entonces secretaria de la jueza Corina Mera del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel.
Más aún, según la misma Egnem reconoció en 1978, ella misma borró del Libro de Ingresos la denuncia por miedo a la reacción de su jefa:
“La señorita Mera (Corina Mera, jueza titular del Juzgado de Mayor Cuantía de Yumbel en septiembre de 1973) volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte…, pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí’. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado… Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan (desde la Corte de Apelaciones de Concepción) cuenta del estado de la causa?’. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso…, pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso…, pues me arrepentí de haberlo borrado antes…”.
A pesar de que la denuncia fue ocultada por Egnem, los victimarios sí se enteraron. Y con esa información, el teniente Alberto Fernández Michell, ordenó en ese mismo mes de octubre remover los cuerpos y enterrarlos en el Cementerio Parroquial de Yumbel, donde recién seis años después de que fueran asesinados, los familiares conocieron el paradero de sus cercanos desaparecidos.
En cuanto a la persecución de dichos crímenes de lesa humanidad, el pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a un grupo de carabineros por los hechos. Nada se dijo sobre la participación de la empresa privada, ni de los miembros del poder judicial, como Rosa Egnem.
En tanto, el próximo 31 de enero la ministra Rosa Egnem asumirá como presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, tomando así un rol protagónico en un proceso histórico para nuestra democracia, que pretende remover las bases de lo que la dictadura dejó establecido en la Constitución de 1980.