La Asociación de Funcionarios Metropolitana Sur (AFFREMSUR) insistió en la necesidad de reformas y la implementación de controles externos al Ministerio Público, luego de que hoy se conociera el veredicto de la Corte Suprema en la que decidieron que el Fiscal Emiliano Arias no será removido.
A través de un comunicado, destacaron que la presidenta de AFFREMSUR, Paulina Ruiz, en agosto de 2018 denunció que «ya había distintos tipos de vulneraciones en el ámbito laboral, que habrían sufrido distintos trabajadores del órgano persecutor. Incluso, ella misma había sido citada a declarar en una causa penal dispuesta por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a razón de unas declaraciones en la prensa en las que Ruiz aseguró se vulneraban derechos humanos en al ámbito laboral interno».
En el comunicado, la asociación también aseguró que «de ahí en adelante AFFREMSUR ha insistido, como lo hace desde sus inicios, ante los distintos gobiernos y parlamentarios, en la urgente necesidad de reformar al Ministerio Publico, contando entre otros puntos, con fiscalización externa en el área laboral y financiera.
Además informaron que en junio de 2019 habían presentado un petitorio al presidente Sebastián Piñera, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.
Sobre ese documento, detallaron que en él expusieron «los principales problemas que enfrentan los trabajadores de la institución, ocasionados principalmente por falta de regulaciones externas que garanticen debido proceso y control de legalidad de la Contraloría General de la República en los concursos públicos, sumarios y desvinculaciones».
También destacaron que «hay distintas sentencias de tribunales laborales del país que refieren la existencia de hostilidades contra los trabajadores y despidos injustificados».
Asimismo, recordaron que «se refería a la necesidad de implementar el sistema de alta dirección pública en cargos directivos, que a la fecha se deciden por mera confianza, sin garantizar la idoneidad de quiénes ocupan estos puestos, que ademas son los que adoptan las grandes decisiones dentro del órgano persecutor, como son las direcciones ejecutivas a nivel nacional y regional, o las jefaturas de recursos humanos».
«Lo anterior, sin perjuicio de los problemas de asimetría y desigualdad que existen en el diseño de la carrera funcionaria y la urgente necesidad de terminar con la falta de controles externos en lo laboral y financiero, porque es ahí donde se inician la mayor cantidad de hechos donde se confunde el concepto de autonomía en la persecución penal con la independencia de los demás órganos del estado», concluyeron.