Las reformas que propone el Instituto Igualdad ante las demandas sociales

Este jueves, el Instituto Igualdad, fundación creada por el Partido Socialista, realizó una mesa de conversación con distintos representantes del mundo político, social y sindical para analizar el documento «Por una agenda de justicia social y dignidad«. El escrito reúne propuestas para abordar las demandas sociales en salud, trabajo, deudas estudiantiles y pensiones, además de formas para financiar dichas reformas.

Durante la presentación estuvieron presente las senadoras Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), además de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa y los representantes de Nuevo Pacto, Rodrigo Jordán y Leonardo Moreno, entre otros.

El texto en tanto, fue elaborado por comisiones encabezadas por Soledad Barría, Valentina Quiroga, Patricia Silva y Andras Uthoff.

Aumento gradual del ingreso mínimo y 40 horas de jornada

La fundación propone que el sueldo mínimo se incremente paulatinamente hasta llegar a los $550.000. Según la propuesta, las micro y pequeñas empresas, que no tengan una facturación mayor a UF 10.000, tendrán un subsidio por un plazo de tres años, luego irá disminuyendo para terminar al cabo de cinco años. Para las que tengan facturación mayor a UF 25.000 el subsidio será de 50% del aumento, por el mismo plazo.

Acerca del seguro de cesantía, el documento plantea asegurar al menos por seis meses un porcentaje no inferior al 60% del ingreso imponible, que durante los primeros tres meses será un promedio de renta del 80%. Además, propone una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Regulación del pago de servicios básicos y transporte

El documento también plantea una regulación por parte del Estado en el pago de servicios de electricidad, agua potable, gas y autopistas concesionadas, tomando como base las rentabilidadades que debieran oscilar entre el 5% y el 7% anual, antes de impuestos, y un nuevo modelo de cálculo de la tarifa del transporte público de forma que su valor no signifique más del 7% del salario mínimo.

Condonación del CAE y Corfo para el 60% de menores ingresos

En cuanto a la educación superior, la propuesta busca que existan un mayor número de Centros de Formación Técnica estatales que se vinculen con el desarrollo territorial. Además, reformar la regulación del Crédito con Aval de Estado (CAE) y del crédito Corfo; condonar la deuda del CAE y del Crofo de los estudiantes que obtuvieron la gratuidad; condonar la deuda de los mismos créditos estudiantiles para estudiantes que se encuentre en el 60% de los menores ingreso y condonación de los intereses para todos los deudores estudiantiles.

En paralelo, el documento indica que se debe seguir avanzando en la cobertura de gratuidad para llegar al 80%, y postula corregir errores del diseño inicial, complementándolo con un sistema de financiamiento solidario, sin intereses, y cuya amortización se realice de acuerdo con el modelo del Crédito Fiscal Solidario, para de esta forma de establecer un 5% máximo del ingreso promedio destinado a amortizar el crédito y con un plazo máximo de 15 años cuando la deuda supera las UTM 200, y de 12 años si es de un monto inferior.

Total funcionamiento de camas hospitalarias y transitoriamente suplementar en otros centros

La iniciativa busca que una extensión de los horarios de atención de los servicios hospitalarios que se extienda desde las 8.00 am hasta las 8.00 pm, para lo cual existirían dos jornadas laborales. Asimismo, propone financiar los hospitales para lograr un 100% de funcionamiento de las camas hospitalarias y suplementar transitoriamente la capacidad para hospitalización de pacientes en centros que cumplan estándares de certificación de calidad.

Con respecto al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se propone que reciba el 100% de las cotizaciones obligatorias de salud y se contempla un aporte estatal para financiar un sistema público de salud universal, que cuente con redes de atención primaria en el territorio.

Reforma a las AFP y uniformar el sistema con FF.AA. y Carabineros

La fundación propone un Pilar Universal Garantizado que tenga un nivel, al menos, igual a la línea de la pobreza, lo que significa la universalización de la actual Pensión Básica Solidaria; un Pilar de Beneficios Garantizados para lo que se creará un Fondo de Ahorro Colectivo que se financiará con el 6% de alza de la cotización con cargo al empleador que se discute en la actual reforma.

La creación de un Fondo de Capitalización Colectiva, que reúna los aportes de todos los afiliados y que cuente con una regla de beneficios, de forma que aquellas personas que logren un determinado número de cotizaciones, en conjunto con la pensión ciudadana, logren una jubilación que supere el salario mínimo. Además, contempla un Fondo de Reparto Solidario que permita aumentar de manera inmediata las pensiones de las personas que están hoy jubiladas.

También se busca cambiar la regulación de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) e incluir la representación de los afiliados. Propone que se determine una rentabilidad máxima aceptable como cargo por administración y transparentar el gasto de comisiones pagado a los intermediarios financieros dentro y fuera del país. Se plantea que los corredores sean seleccionados vía licitaciones públicas.

Finalmente, el documento propone una reforma al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para uniformar el sistema de seguridad social de forma universal.

Financiamiento vía endeudamiento y reforma tributaria

La propuesta del Instituto Igualdad es aumentar la deuda neta del Estado de forma mixta, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, llegando a un rango de entre 40% y 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, hacer uso de los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones para apoyar el pilar solidario y las garantías del pilar contributivo con subvención estatal. Contempla, también, hacer retiros del Fondo de Estabilidad Económico y Social.

Pero, para lograr el financiamiento de los gastos permanentes será necesario un aumento de la carga tributaria en torno al 4% a 6% del PIB, por lo que se plantea una reforma tributaria.

Los ejes de esta sería establecer un modelo diferenciado para empresas medianas y grandes. Aquellas que superen las UF 75.000 de ventas anuales quedarían en un sistema desintegrado de pago de impuesto a la renta, mientras que las que estén por debajo de ese valor, se aplicaría un sistema transparente de tributación directa de los dueños de las empresas asimilable al del trabajador dependiente.

También se propone la incorporación de tramos al impuesto a la renta personal, de 40% para aquellos ingresos mensuales que superen los $10 millones y el mismo ajuste se aplicaría para el impuesto adicional que afecta a las empresas extranjeras. Además, se plantea gravar las ganancias obtenidas en la venta de acciones con presencia bursátil y con un impuesto especial a los Fondos de Inversión Privados.

El documento establece como principio más general, revisar aquellas exenciones que favorecen a los más altos ingresos, como las colegiaturas de los colegios más caros que están exentos de IVA.

Finalmente proponen una nueva ley de rentas territoriales, revisión de las patentes municipales, de las contribuciones de bienes raíces y que los permisos de circulación se fijen por el valor comercial del vehículo que se incorpora al parque y su rendimiento sea ajustado luego en base al IPC.