La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo en el país durante toda la semana, entre el 25 y 31 de enero, siendo testigo de puntos críticos de la ciudad, como Lo Hermida y parte de Pudahuel Sur. Pero también para sostener conversaciones con mapuche, congresistas, medios de comunicación, organizaciones civiles y lesionados a causa de las manifestaciones.
Así, la CIDH pudo reunir información acerca de las condiciones de Chile por la crisis social. Dicha información fue entregada este viernes, de forma preliminar, en el que se resume que «hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de Derechos Humanos».
Al inicio de la convocatoria para dar a conocer estas conclusiones, los panelistas y enviados de la comisión pidieron un minuto de silencio por todas y todos los muertos y mutilados, en los últimos tres meses de la protesta.
Junto con esto, anunciaron que la información recopilada estará incluida en un informe final que se entregará en las próximas horas. Pese a ello, el organismo llamó a no criminalizar la protesta pacífica por medio del paquete de leyes promulgado esta semana, que comprende penas para las barricadas y la irrupción del tránsito de personas y vehículos.
#CIDHenChile 🇨🇱 La @CIDH en conferencia de prensa dió a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares tras #VisitaInLocoChile #DDHH🧐👉https://t.co/c0lZhoU1Di pic.twitter.com/8lxv2mMNhh
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) January 31, 2020
En la misma línea, Esmeralda Arosemena, comisionada titular de la CIDH, afirmó que «hoy Chile vive una situación de gran crisis en materia de Derechos Humanos. Todas nuestras recomendaciones están en la línea de hacerlas efectivas«.
«Hubo un abuso en la prisión preventiva, debe ser la última instancia», dijo Joel Hernández de la CIDH sobre los inicios de la protesta social, y agregó a modo de consejo, que es necesario reformar a carabineros y crear un órgano que fiscalice su actuar.
Así también, Arosemena indicó que «el uso excesivo de la fuerza no es la forma para atender. Así, las instituciones responsables, en vez de trabajar desde la represión, hay que trabajar desde la inteligencia», agregando que «no es aceptable el incremento de la criminalización o adoptar medidas que reduzcan los espacios para la manifestación popular, las protestas, el clamor ciudadano por una vida digna, por una convivencia pacífica y por la igualdad de todos. Esto es el derecho a la participación de todos y todas«.