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Después del 18 de octubre hubo un debate dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre si son violaciones a los derechos fundamentales los cometidos por civiles, o si las expresiones del Estado (agentes o entidades) pueden ser víctimas también de ello. Esto, en un marco con una alta presencia de abogados en el mismo Consejo. Consuelo Contreras, una de las 11 personas que conforman el grupo, puso el tema sobre la mesa. Acá publicamos las cinco actas que hasta ahora están en la página del INDH (hay muchas más que aún no ven la luz) y lo destacado de cada una de ellas.
El diagnóstico lo hizo Consuelo Contreras (trabajadora social y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos) en entrevista con La Segunda: “Hay posiciones políticas muy distintas, con una tensión muy alta y que, insisto, tienen que ver con al polarización, porque la mayor parte llevamos mucho tiempo trabajando juntos y en general muy bien”. La frase apuntaba a las 11 personas (incluido Sergio Micco, director del organismo) que componen el Consejo consultivo de la entidad angular en la situación del país después del 18 de octubre pasado. Luego, Contreras profundizó en las diferencias: “El punto (de las diferencias) es el intento de establecer que pueden violar los derechos humanos personas que no son agentes del Estado o que no pertenecen a organismos del Estado”.
A su juicio, un grupo mayoritario del Consejo cree que los particulares sí pueden violar derechos humanos, más allá de que quien lleve a cabo la acción sea una expresión del Estado (órgano u agente). Las excepciones, o la minoría de consejo, son Yerko Ljubetic, Salvador Millaleo, Margarita Romero, Debbie Guerra y la misma Contreras.
El tema es una medición de lo que, ha juicio de Consuelo, han sido reuniones “duras”. Con todo, las discusiones deben quedar en actas. Pero desde el 18 de octubre solo cinco han sido publicadas (en el sector de “transparencia activa” de la web del INDH): dos extraordinarias (del 20 y 22 de octubre) y tres ordinarias (21 y 28 de octubre, y 11 de noviembre).
El vespertino de los Edwards recogió algunas declaraciones de la sesión del 22: como cuando Ljubetic señaló: “Echo de menos un reproche institucional sobre el lenguaje que usó el Presidente, utilizando la palabra ‘guerra’”; Margarita Romero dijo que la desafortunada declaración de Piñera tenía como objetivo “instalar el miedo”; y el ingeniero comercial Cristian Pertuzé puso mesura y dijo: “No es el momento de la discusión política”, pero luego respaldó la presencia militar (“esto ocurrió por atentados contra bienes públicos”, indicó).
Hubo también otros destacados.
Consuelo Contreras, consejera del INDH. / Fuente: Agencia Uno (archivo).
La sesión extraordinaria del 20 de octubre (dos días después del estallido en Santiago y uno después del de regiones) actualizó el rol de los funcionarios del Instituto en Comisarías, constatando golpizas y desnudamientos. Además, hubo un reconocimiento a los trabajadores dado su labor “más allá de sus obligaciones”. El director Micco, en tanto, apuntó a una crisis de representación política y de desigualdad como motivo del estallido.
El inicio de la sesión ordinaria del 21 de octubre apuntó al informe anual 2019 del INDH, pero fue rápidamente subyugado por la contingencia. En efecto, Romero señaló que “le parece contradictorio seguir sesionando en el Consejo mientras ocurren enfrentamientos a una cuadra de distancia, con presencia de un gran número de militares y Carabineros. Señala que hay mucha gente movilizándose de forma totalmente pacífica, sin embargo desde aquí se escucha el uso del armamento de la policía. Señala que no se siente cómoda al seguir discutiendo este tema con el contraste de lo que ocurre en la calle. Sugiere al Consejo terminar este punto y discutir las formas de acción del INDH en la grave situación que vive el país”. En esa línea, fue la misma Romero la primera en exigir que los militares salieran de la calle.
Yerko Ljubetic tuvo que abandonar la sesión “al tomar conocimiento que su hijo estaba siendo trasladado a urgencia por heridas por perdigones”.
Saffirio pidió que la prioridad fuera evitar más fallecidos. Contreras señaló que el INDH “debe hacer un llamado al retiro de los militares de las calles y a la paz, ya que en un ambiente así no es posible dialogar”. A Pertuzé le pareció muy traumante ver a los militares “nuevamente en la calle”, pero entendió “ya que en función de lo que hemos experimentado en los últimos días, con hechos de violencia extremos, se están traspasando ciertos límites de convivencia social y en la medida que eso se empieza a permitir, se promueve el desborde de grupos extremos, que es lo que ocurre hoy día”.
La sesión extraordinaria celebrada en 22 de octubre dio cuenta de los 500 correos que hasta la fecha habían recibido en denuncias@indh.cl, espacio creado exclusivamente para esto. También el Consejo fue informado de la restricción de acceso de Micco a la ex Posta Central. Eso, además de la reunión con las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, quienes le pidieron al director la intervención de organismos internacionales (“mecanismos de observación internacional”, precisaron).
Sobre los militares, Ljubetic pidió que se les sacara de las calles o que se les pusieran en puntos “considerados estratégicos”. Marelic propuso que las fuerzas armadas tuvieran el menor contacto con la población.
Romero, vanguardista, pidió la presencia de observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Pero existió un consenso (mayoritario, al menos) en que la ayuda o intervención “pasiva” internacional hasta entonces era innecesaria.
Finalmente, Guerra planteó “un sesgo en las expresiones de algunas Consejeros y Consejeras, como si se ignoraran los derechos de algunos, además de las personas que no se manifiestan. La preocupación debe ser por todos y todas (…) Es necesario que el Gobierno garantice la integridad de todas las personas, por lo que los militares deben estar el menor tiempo posible en las calles”.
En 28 de octubre, y ya en sesión ordinaria, la prioridad fue el cuidado en la integridad física y síquica de los funcionarios del Instituto. Agregaron también la falta de una condena categórica hacia la violación de derechos humanos. Hubo un mea culpa por la imprecisión en la entrega de cifras (10 días después del estallido), como también una crítica por la falta de información respecto al mismo tema pero en regiones.
Micco reconoció el escrutinio público del Instituto para entonces (11 de noviembre). En esa línea, solicitó una auditoría a Contraloría, además de otra externa, pero a nivel financiero.
Romero criticó al mismo consejo: consideró que no han estado a la altura de la crisis: “Como consejo no nos hemos reunido a deliberar como es de esperar en un estado de crisis, que no es cualquier crisis, sino en la que se están violando los derechos humanos de forma masiva, generalizada y sistemática con extrema gravedad”; y agregó: “Señor director, usted no ha escuchado una parte importante de este consejo”. Pidió también que se exigiera el cese de uso de armas no letales. Eso, junto con que el Consejo sesionara 2 o 3 veces por semana.
El abogado Carlos Frontaura teorizó con una lucha de clases y que el mismo derecho a manifestación estaba violando otros derechos humanos (a la vida, la seguridad, la libre circulación y a la propiedad). Además, condenó el daño que se le ha hecho a funcionarios policiales. Finalmente propuso que las sesiones del INDH tuviera una transmisión vía streaming, para transparentar su funcionamiento.
El abogado Sebastián Donoso, por último, pidió que se revisaran todas las agresiones a civiles y a carabineros, y definir si estas últimas constituyen violación a los derechos humanos.
