El pasado martes 4 de febrero, el Ministerio del Interior, representado por el abogado Francisco Castro, interpuso una querella en contra de todos quienes resulten responsables, por las amenazas a Andrea Acevedo, la jueza que formalizó al cabo primero Carlos Martínez, el carabinero que atropelló y mató a Jorge Mora en las afueras del estadio Monumental.
La jueza resolvió dejar en libertad y solo con firma semanal al uniformado, lo que despertó diversas críticas por parte del Ministerio Público, que solicitaba la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, lo que despertó mayor controversia fueron los dichos de la magistrado donde realizó juicios de valor sobre Mora y aludió a la «carga histórica» de la Garra Blanca, barra a la que pertenecía la víctima, e incluso elucubró sobre si se habría encontrado en estado de ebriedad, por haber ido a ver un partido de fútbol.
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El documento invoca el delito de amenaza a un miembro de un tribunal de justicia, consagrado en el artículo 264 del Código Penal y hace referencia a distintas «funas» de las que habría sido objeto la magistrada a raíz de su decisión, las que se dieron a través de sus redes sociales e incluyeron amenazas de muerte.
Además, incluye el relato de una manifestación en las afueras del domicilio de la jueza, donde «una importante cantidad de personas (cerca de 200), en su mayoría movilizadas en bicicletas, en la cual se le profieren una serie de consignas que denostan su condición de jueza y de persona«, detalla y agrega que, los protestantes lanzaron «amenazan directas de muerte y otros males».
Finalmente, asegura que estos actos fueron «tendientes a amenazar e intimidar a la magistrada», con motivo de «la resolución dictada el miércoles 29 de enero en la audiencia ya referida».
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