Este lunes, la Corte Suprema confirmó de manera unánime el fallo de la Corte de Apelaciones en que se determinó que los seguimientos a dirigentes de organizaciones sociales por parte de Carabineros no significan una vulneración a sus derechos constitucionales.
Esto luego de que en noviembre de 2019 se filtrara una serie de documentos de la institución policial, donde quedaban de manifiesto los espionajes a distintos actores sociales, tales como la presidenta de la FECh, Emilia Schneider, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el dirigente de la ANEF, José Perez, y el líder de Modatima, Rodrigo Mundaca.
Quienes llevaron este caso a la justicia fueron los senadores Alejandro Navarrro (País Progresista) y Yasna Provoste (DC), quienes presentaron un recurso de amparo contra Carabineros, señalando que dichas acciones de seguimiento vulnerarían los «derechos a la libertad personal y la seguridad individual».
En su acción legal, los parlamentarios apuntaron a las responsabilidades del general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.
Para desestimar el recurso, la Corte indicó que “todo corresponde a información que fue recopilada de fuentes abiertas de información pero, en ningún caso, ha realizado alguna medida intrusiva que afecte las garantías constitucionales”.