Durante la mañana de este jueves la organización Amnistía Internacional dio a conocer los detalles de su informe anual, correspondiente al año 2019. Si bien el documento mostró un diagnóstico regional (por ejemplo, la crisis migratoria venezolana sólo es comparable con lo ocurrido en Siria, que choca con las restricciones a los derechos a migrar y a solicitar refugio que han aplicado los países latinoamericanos; o que aproximadamente el 60% de los asesinatos a los defensores de los derechos humanos ocurrieron en el cono sur), hubo un énfasis particular en lo ocurrido en Chile desde octubre pasado.
Roberto Morales, vocero para Chile de Amnistía Internacional, precisó que en el país se «cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura», que visto desde el comienzo del año, mostró un variación creciente: el primer semestre estuvo marcado por el control policial hacia menores de 14 años, estudiantes secundarios o jóvenes de origen mapuche. Ya en octubre, la misma crisis se profundizó.
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Morales señaló que expertos de la organización documentaron torturas y malos tratos por parte de las fuerzas policiales, casos de violencia sexual, uso de armas letales y no letales, además de ataques a observadores y periodistas que buscaban dar cuenta del estallido. El mismo escenario derivó, agregó Morales, en aquella conclusión que en el informe pasado se reveló y que continuaría hasta hoy: un uso excesivo de la fuerza con intención de dañar.
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, comenzó su exposición con una definición, que funciona también como hoja de ruta: «No hay que perder de vista que hay cosas que siguen pasando», refiriéndose a la vulneración misma de derechos humanos. Su llamado, no obstante, estuvo en la línea de evitar la continuidad de la criminalización de la protesta social. Como ejemplo, señaló las aplicaciones de la Ley de Seguridad del Estado en la que el gobierno se ha amparado para iniciar acciones legales en determinados casos (según sus registros, han sido más de 200 las denuncias).
Finalmente, Piquer apuntó a las falencias de la ley de aborto en Chile (como la objeción de consciencia como traba para la ejecución de este derecho) y celebró la puesta en marcha de la Ley de Identidad de Género. Como último punto, criticó que en el tema migratorio en Chile «ha empeorado el acceso de ciertas personas (al país), de ciertas nacionalidades, y se les ha dificultado el pedir refugio».
Puedes revisar la presentación del informe acá abajo.