Este miércoles el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en una sesión extraordinaria a través de videoconferencia, decidió revocar la decisión del magistrado Daniel Urrutia de cambiar la prisión preventiva de 13 imputados de la «primera línea» por reclusión domiciliaria, que había tomado con el objetivo de proteger a estas personas durante en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
Además, en la misma sesión se decidió iniciar un sumario administrativo contra Urrutia y suspenderlo por el tiempo que dure la investigación.
A raíz de esto, la Asociación Nacional de Magistrados subió un comunicado, argumentando que cuestionan la legalidad de aplicación de la norma con la que se determinó suspender los efectos de la resolución tomada por el juez, ya que, como citan, la legislación establece que «no procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas».
«Pero eso no es lo más grave», establecen desde la organización, «sino la severa afectación a la independencia judicial interna«.
«Incluso el recurso de queja, tantas veces objetado por este gremio, exige que sea la parta agraviada quien lo interponga«, acusan.
Así también, establecen que no se puede suspender al afectado en el ejercicio de sus funciones sin ser oído, que fue pasado a llevar su fuero gremial, y que «ni en el peor escenario legislativo es posible llegar a una afectación directa a la independencia judicial interna, de la forma en que se ha hecho en esta ocasión».
Por último, hacen un llamado al pleno de la Corte de Apelaciones a «anular de oficio la decisión adoptada, permitiendo que operen los canales legales de impugnación».