Hoy se dio a conocer un dictamen de la Dirección del Trabajo, en donde se estipula que los empleadores no se encuentran obligados al pago de las remuneraciones de las y los empleados que no se presenten físicamente en sus puestos de trabajo, debido a las órdenes de autoridad decretadas por la emergencia sanitaria, como son la cuarentena obligatoria, toques de queda y cordones sanitarios.
El dictamen indica que ambas partes pueden librarse de sus obligaciones contractuales ante un evento de ‘fuerza mayor’ o ‘caso fortuito’, de acuerdo al artículo 45 del Código Civil. Es decir, situaciones imprevisibles, que no se pudieran evitar, tanto para el empleador como para el trabajador, como sería el caso de un toque de queda o una cuarentena, en estas circunstancias. Coyuntura que excluiría, por lo demás, el pago de indemnizaciones en beneficio del trabajador.
A raíz de esto, durante las horas de esta tarde, el Frente Amplio anunció que presentará un recurso de protección para decretar ilegal esto, puesto vulnera los derechos fundamentales de las y los trabajadores.
“Este gobierno pretende que el costo de la crisis lo paguen las familias cuando son quienes deberían estar defendiendo a la gente. No hay economía saludable sin estabilidad para los trabajadores. Es inaceptable que las instituciones una vez más se pongan del lado del empresariado“, señaló la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
Por su parte, Javiera Toro, presidenta de Comunes agregó que “este dictamen le da la espalda a los trabajadores. Se necesitan políticas sociales robustas, que protejan el empleo, apoyen a las familias y pequeñas empresas, para que no sean los trabajadores los que paguen esta crisis”. En la misma línea, Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal añadió “en momentos delicados como estos más que nunca necesitamos una Dirección del Trabajo que proteja a los trabajadores. Esa es su razón de ser. Esto debe revisarse a la brevedad”.
Finalmente, Gael Yeomans, presidenta de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instó a la Dirección del Trabajo a anular este dictamen y anunció las acciones judiciales ya mencionadas, que tomará el conglomerado de izquierda al respecto.