El Presidente Sebastián Piñera enviará un veto aditivo al proyecto de ley de indultos conmutativos, que pretende permitir la reclusión domiciliaria para reos de edad avanzada o con enfermedad grave, para descongestionar las cárceles ante el avance del coronavirus.
Dicho veto aditivo, pretende a su vez solucionar el enredo legislativo que resultó luego de que parlamentarios oficialistas aprobaran la ley, pero rechazaran la normativa necesaria para sancionar a quiénes la incumplen. Esto, como mecanismo para frenar la legislación, luego de que no se aprobara que los violadores de DD.HH. fueran incluidos en el beneficio carcelario, lo cual para los oficialistas es «discrimatorio».
La finta del gobierno
Paralelamente, el Ejecutivo anunció que se le pondrá discusión inmediata a la denominada Ley Humanitaria, otro proyecto de ley que el gobierno presentó antes de la crisis sanitaria, y que permitiría liberar a reos que tengan más de 75 años de edad, que hayan cumplido la mitad de su pena, y que estén en riesgo inminente de muerte o que sufran de una invalidez total.
Dicha legislación lleva ya un año y medio en el parlamento, y ha sido duramente criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), porque en la práctica significaría la liberación de varios de los criminales del penal Punta Peuco.
Al ser consultado específicamente si esta legislación excluye a los violadores de DD.HH. o no, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que «en la Ley Humanitaria que hemos presentado a fines del 2018, no se excluyen las personas por haber cometido un delito determinado, de manera que nadie queda en principio excluido de este beneficio si acaso cumple con los requisitos».
Con esta fórmula, el gobierno soluciona la problemática que se había dado entorno a la ley de indultos conmutativos por un lado (con el veto aditivo), y deja tranquilo al sector más conservador del oficialismo, que peleó con uñas y dientes que los violadores de DD.HH. fueran incluidos en la legislación, pero que estaría logrando que su petición sea acogida a través de la discusión inmediata de la Ley Humanitaria.