Presas de cárcel de San Miguel por COVID-19: “Se siente la soledad y pobreza de una manera agobiante”

Antes que supieran del primer caso de coronavirus en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, la inquietud de las mujeres crecía al saber de las miles de víctimas que dejaba la pandemia en otros países y que en Chile empezaban a aumentar. Sabían que de tener una interna contagiada las medidas de control se extremarían y que el hacinamiento no permitiría el distanciamiento social, la recomendación que escuchaban por televisión a diario. Sabían que eso adentro no se cumpliría.

El día que les avisaron de la primera mujer que dio positivo en el test de COVID-19, el lunes 6 de abril, una comandanta se les acercó lamentando tener que informarlo de manera oficial. Lo más preocupante era que, como cualquier otra interna, la mujer contagiada todos los días bajaba desde el tercer piso y ocupaba las mismas dependencias que el resto de las internas. Ese mismo día Gendarmería informó que las nueve internas que habían tenido contacto directo con ella serían trasladadas a un lugar especial de aislamiento para que iniciaran cuarentena preventiva.

A Cecilia Espinoza (52) que estaba ahí la embargó un sentimiento de confusión y lo primero en que pensó fue en su familia. Ella lleva seis meses presa por microtráfico y reconoce que esta ha sido una de las situaciones más angustiantes que ha tenido que soportar, y a la vez un desafío porque asumió como vocera de las internas imputadas: “Ando tocándoles el hombro, diciéndoles ‘compañera vamos a salir de aquí, hay que ser valiente”, cuenta a El Desconcierto.

Para evitar contagios los tiempos en los lugares comunes se limitaron al interior del penal. Algunas salen al patio, caminan un poco y después vuelven al dormitorio a comer. Las funcionarias de Gendarmería las vuelven a contar y de ahí no salen hasta el otro día. Muchas prefieren quedarse en sus dormitorios todo el día a modo de cuarentena preventiva, excepto cuando van a sanitizar las dependencias, que se quedan esperando en las escaleras todas con mascarillas. De noche se escuchan llantos de desesperación, intentando captar internet para mandar mensajes a sus familias.

Sobrellevar el encierro

Espinoza explica que antes que comenzara la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 en su dormitorio las camas estaban completas con internas, pero hace unas semanas varias de ellas han salido con arresto domiciliario y se han ido desocupando. De 30 camas disponibles en total ahora poco más de la mitad están ocupadas.

Desde que se conoció el primer caso de contagio Gendarmería restringió las visitas a una vez por semana con el ingreso de máximo dos personas por interna. Mantener estos vínculos ha sido la única contención para muchas, de abrazarse, de mantener a raya la angustia del encierro permanente. Peor todavía es para las que están en el módulo 3 de la población penal: algunas reincidentes o que llegan de otros recintos penitenciarios. Muchas de ellas no han recibido visitas por meses, no tienen apoyo familiar. “La contención de afectos está aflorando a full, el estrés. Hay niñas que se han adelgazado por el sistema nervioso”, expresa Espinoza con desconsuelo.

Han tenido que compartir sus útiles de aseo: el cloro, el detergente, los utensilios para limpiar, para mantener los baños limpios, se comparten las toallas higiénicas, los cigarros. Todo ha ido escaseando con el transcurso de las semanas. “Se siente la soledad y la pobreza de una manera agobiante”, expresa la mujer.

En el penal están usando celulares para comunicarse, los límites que antes tenían ahora se han flexibilizado, algo que las mujeres valoran frente a las difíciles condiciones que encierro por la que pasan. Creen que, de no poder comunicarse de esta manera, todo habría sido mucho más angustiante.

Un grito desesperado

La semana pasada las mujeres imputadas expusieron un petitorio desde el interior de la cárcel. Algunas se sentaron delante de una mesa y, otras paradas atrás, algunas con mascarillas y otras con poleras envolviéndoles las caras. Sostenían carteles escritos en hojas de cuaderno: “Libertad por COVID-19”.

“Si bien es cierto somos infractoras de la ley también tenemos derecho a una justa defensa y a la justa oportuna de salud que en este momento no podemos adquirir en este lugar (…) Queremos hacer saber que estamos haciendo esto como un grito desesperado en busca de ayuda”, dijo al tomar la palabra Espinoza.

Uno de los problemas ha pasado por el cierre de los Juzgados de Garantías que ha obligado a postergar las audiencias. Varias de ellas ya tenían fecha y horas dadas paras asistir a los tribunales, pero se las han cancelado a última hora.

Se ha dicho que las personas que tienen enfermedades de base tienen mayores probabilidades de presentar un cuadro más severo de coronavirus. Es por eso que preocupa aún más aquellas mujeres reclusas que presentan condiciones de riesgos: las que tienen enfermedades de salud crónica, adultas mayores que no han tenido tratamiento de salud adecuado.

Desde adentro piensan en el riesgo que significaría llegar a trasladar a alguna imputada a un centro hospitalario y que luego ingrese nuevamente, o si se les hará seguimiento. Son muchos los factores que podrían llegar a desatar un contagio masivo en el penal. Ese es un miedo latente.

A diario también ingresan al penal personas de las cuales se desconoce su estado de salud y les preocupa que se esté juntando con personas privadas de libertad que no están contagiadas. La descongestión del penal femenino evitaría esa bomba de tiempo de tener más contagiadas.

“No estamos pidiendo que se hagan nuevas leyes para nosotras, sino que se respetan las que ya hay y se juzgue de una forma justa”, dice una mujer que usa una polera para taparse la boca. Su mensaje es un llamado al estado para que haga un gesto de humanidad con las presas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que corren alto riesgo de mantenerse en un lugar donde la distancia mínima para evitar contagios está lejos de cumplirse. Son decisiones, dicen, de vida o muerte.