Luego que se supiera el convenio que firmó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename) en febrero pasado, que consignaba a la facilitación de información que se considere «relevante o pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales», la directora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, no descartó iniciar acciones legales de no hacer que quede sin efecto.
A juicio de Muñoz, el acuerdo «reviste la mayor gravedad y da cuenta de una desconexión total con lo que SENAME debe hacer en términos de protección de niños niñas y adolescentes».
La defensora precisó en la fecha en que se firmó el documento (febrero), «post estallido social, donde ciertamente lo que hace es agudizar, profundizar la estigmatización y criminalización de NNA vinculados al SENAME, procurando su relación con la investigación criminal, lo que nos parece insostenible e intolerable».
Por último, la también abogada adelantó que, de no quedar sin efecto el acuerdo, «tomaremos acciones judiciales que en el ámbito constitucional sean pertinentes para logar que se revierta por esa vía«.