Este lunes el medio digital El Ciudadano subió a sus redes sociales un video en el que el abogado constitucionalista Mauricio Daza, se refirió a lo que él denomina la estrategia política comunicacional del Gobierno y los partidos de derecha para continuar aplazando la fecha del plebiscito por una nueva Constitución, que hasta el momento se mantiene para el 25 de octubre de este año.
Primero habla de una intervención del día viernes pasado que se «filtró», en la que el ex ministro Andrés Chadwick planteó en un foro de la UDI la necesidad de «un plan b» ante la imposibilidad de realizar este plebiscito por la emergencia sanitaria del COVID-19. Luego fue Blumel, quien sugirió que había que racionalizar el calendario electoral bajo el mismo argumento. Y, finalmente, Sebastián Piñera, quien en una entrevista con CNN en Español cambió de estrategia – según el legista – y aseguró que el aplazar las votaciones es un tema que «quizás se vaya a tener que volver a discutir«, pero sería por la recesión económica que vendría después de la pandemia. De la salud, ahora la excusa pasó a la economía.
Para el abogado esto es contradictorio ya que «se deben abrir los malls, los funcionarios públicos deben ir a trabajar, y debemos volver a esta nueva ‘normalidad’ (…), es decir, paralelamente las personas deben reiniciar sus actividades».
De acuerdo a lo que expresa Daza, esto «es considerar que las personas somos consumidores y no ciudadanos. Ese es el problema profundo que está detrás de la crisis que ocurrió en octubre pasado».
Luego, el profesional pasa a detallar que el proyecto que buscaba suspender durante seis meses el cobro de servicios básicos durante la pandemia, fue tildado de inconstitucional por Chile Vamos, al igual que el de congelar los precios de los insumos básicos.
Por otra parte, el académico también hace hincapié en las leyes que se han aprobado durante la crisis, y que denomina como los «nuevos goles» que se han pasado este último tiempo.
«Hay que recordar una máxima: toda crisis es una buena oportunidad, y así lo ve el Gobierno«, sostiene Daza.
«Primero, la Ley de protección al empleo (…) que significa usted va a pagarse parte de su sueldo con cargo a la Administradora de Fondos de Cesantía«, explica el profesional, estableciendo que estos ahorros se acumulan en una cuenta individual, por lo que es el trabajador quien paga la crisis. Pero, así también, este trámite beneficia a la sociedad que administra este fondo de desempleo.
Según lo que afirma el legista, hay una sociedad privada tras esta entidad que cobra una comisión por realizar el servicio. Daza consigna que el dueño de la AFC sería el Grupo Nueva Providencia, que estaría compuesto por BBVA, AFP Capital, AFP cuprum y AFP Plan Vital.
Esta sociedad habría obtenido en 2019 utilidades por 6.383 millones de pesos, un 50% más de lo que ganó el 2018. Así, suma casi 10.000 millones de pesos en utilidades entre esos dos períodos.
«Sin embargo, el proyecto de ley le garantiza una retribución adicional, por los inconvenientes o los gastos extra que pueda haber ocasionado la implementación de esta medida«, dice Daza.