Este miércoles la Contraloría General de la República informó a través de sus redes sociales sobre uno de sus últimos pronunciamientos, respecto al plan gradual de retorno de funcionarios públicos elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Con su documento, el organismo fiscalizador asegura que el escrito en cuestión, que incluía directrices para la vuelta paulatina de los trabajadores del Estado a sus lugares y puestos de labor, no se ajusta a derecho.
Esto se da luego de que el día 20 de abril, el Servicio Civil anunció que este retorno gradual sólo afectaría a las personas que desempeñaran labores prioritarias, argumentando una «adecuada prestación de servicios a la ciudadanía».
En este sentido, la Contraloría constató que «corresponde a los jefes de servicio adoptar las medidas para resguardar la salud de sus funcionarios y los usuarios de la institución, observando la normativa y las directrices impartidas por la autoridad sanitaria».
La señalada normativa, en efecto, sería contraria al evento de un funcionario retornando a su posición de trabajo y exponiéndose al contagio de COVID-19, en un momento en que la pandemia se encuentra en escalada en nuestro país, situación de emergencia sanitaria que mantiene casi toda la Región Metropolitana, y a varias localidades del país, en cuarentena.
Además, el ente contralor establece que «no se advierten atribuciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil para impartir las instrucciones contenidas en el oficio».