Este jueves alrededor del medio día, la Cámara del Senado despachó a ley el proyecto que prohibe el corte de suministro de servicios básicos – como agua, luz y gas – al 60% de la población más vulnerable, en una época en que generalmente esos cobros suben de manera considerable. Aumento que podría ser incluso mayor debido a las cuarentenas y el tiempo que la gente pasa en sus casas consumiendo dichos servicios.
Esta medida fue aprobada por 28 votos a favor y 10 en contra, todos estos últimos sufragios provenientes de congresistas de Chile Vamos, como Andrés Allamand, Felipe Kast, Iván Moreira, Víctor Pérez y Jacqueline Van Rysselberghe, entre otros.
Sin embargo, no solo la representación senatorial de la derecha estuvo en desacuerdo con esta medida, ya que esto no cayó nada de bien en el gobierno tampoco.
A través de un comunicado de prensa subido a las redes sociales del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el Ejecutivo estableció que «el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales».
Así, desde el gobierno de Piñera anunciaron que se encuentran «analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción».
Además, en el mismo comunicado la Presidencia estableció que el 27 de marzo ya habían abordado esto con las empresas de servicios, «con el propósito de alivianar el bolsillo de las familias del país que más se han visto afectadas por los efectos del COVID-19».