Este viernes las y los presidentes de diferentes partidos de la oposición adhirieron a una declaración pública con propuestas para La Moneda, bajo el título «Lo más urgente primero».
En este comunicado, Heraldo Muñoz (Partido Por la Democracia), Álvaro Elizalde (Partido Socialista), Carlos Maldonado (Partido Radical), Fuad Chahín (Democracia Cristiana), Catalina Pérez (Revolución Democrática) y Luis Felipe Ramos (Partido Liberal), hacen un llamado «a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE)», y a concordar en medidas de reactivación económica para las semanas que vienen.
«Llamamos a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible; para lo que es fundamental que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas. De mantenerse la situación actual, las cuarentenas que hoy nos rigen no serán efectivas y no se podrá controlar la pandemia. Una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios de la próxima semana», señalan desde los conglomerados que suscriben.
Así, la iniciativa planteada por estos partidos busca beneficiar a todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella «sin discriminación alguna», haciendo hincapié en que esto significa «igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia».
De esta manera, las y los políticos planean apuntar al 80% más pobre que se encuentre inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). Además, señalan que este ingreso de emergencia sería recibido por todas las familias que califiquen de manera automática – sin postulación – durante los meses de junio, julio y agosto, en sus respectivas Cuentas RUT o similares.
En este sentido, también solicitan que se complementen los ingresos de las municipalidades, para que estas puedan «asumir adecuadamente las tareas que se les han asignado para controlar la pandemia».
En cuanto a las medidas de reactivación económica, afirman que es necesario postergar el inicio de la consolidación fiscal hasta el año 2022, debido a los grandes gastos públicos que el Estado deberá realizar en los meses venideros. Así también, proponen distintas medidas de apoyo para las Pymes y para la liquidez de las grandes empresas, señalando que en este último caso la ayuda financiera deberá evaluarse caso a caso, y se otorgará con la condición de que las compañías deberán ceder, temporalmente, acciones y proveer al estado de adecuados colaterales, a fin de cautelar el patrimonio público.
Por último, establecen también que debe existir un apoyo temporal a la contratación de mujeres y jóvenes del 60% más vulnerable, y que el presupuesto del 2020 debe crecer entre 12 y 16% respecto del originalmente aprobado a fines del año pasado.