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Retiro del 10% de ahorros previsionales: El debate por los fondos de los afiliados que tensiona a las AFP

Por: Natalia Figueroa | Publicado: 02.07.2020
Retiro del 10% de ahorros previsionales: El debate por los fondos de los afiliados que tensiona a las AFP Imagen referencial |
De las propuestas que han surgido para afrontar los efectos de la crisis desatada por el coronavirus, como el aumento histórico de la cesantía, se ha planteado el retiro anticipado del 10% de los fondos destinados a las jubilaciones, que ya cuenta con dos iniciativas que se tramitan en el Congreso. La discusión ha tomado fuerza por estos días y ha mostrado varias posiciones, entre ellas que este es el derecho de cada uno de los afiliados de disponer de sus fondos en caso de emergencia y, por otro lado, que esto podría generar efectos adversos sobre las pensiones a futuro. Expertos en el mundo previsional desarrollan acá los argumentos a favor y en contra de esta propuesta y analizan sus posibles efectos.

En estas últimas semanas, la crisis desatada por el coronavirus ha mostrado las fuertes repercusiones económicas que ha generado hasta ahora en el país, con un nivel de desempleo que ha alcanzado niveles históricos anotando un 11,2%. El aumento de la cesantía ha sido uno de los factores que ha impulsado el debate sobre los mecanismos que garantizarían la cobertura de los servicios básicos para afrontar la emergencia. Una de las opciones que se ha puesto sobre la mesa es el retiro anticipado del 10% de los ahorros previsionales de manera excepcional, lo que permitiría a los afiliados de las AFP, que suman más de 10 millones de personas, tener liquidez para afrontar la crisis con sus propios fondos destinados a la jubilación.

En el Congreso se han presentado proyectos de ley en esta línea, dos de ellos iniciaron su tramitación, en paralelo, este miércoles. En la Cámara de Diputados y Diputadas, se discutió la iniciativa presentada por los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, y el independiente René Alinco. Su propuesta plantea un retiro de cinco salarios mínimos hasta un tope de 150 UF, cerca de 4 millones y medio, durante cinco meses solo por una vez en este tiempo de pandemia.

En el Senado, en tanto, el proyecto presentado por Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Carlos Bianchi y Yasna Provoste es una reforma constitucional que permite reconocer la propiedad de los trabajadores sobre estos ahorros para que puedan disponer de ellos en caso de catástrofe y considera el reintegro de los fondos por parte del estado. A esto se suma un proyecto presentado el mismo miércoles por la bancada PPD, que buscan fusionar a la anterior reforma, que permitiría retirar desde un monto base de $650 mil hasta un máximo de 3 millones o el equivalente al 10% de su fondo.

En el gobierno las propuestas han generado resistencia, como lo ha manifestado la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, asegurando que impactaría negativamente en las pensiones a futuro. Una visión que también ha compartido el gremio de las AFP y, en general, el sector empresarial. El presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que esto no era posible porque los fondos son «bienes sagrados». A la vez, los expertos en el tema también plantean matices: algunos están de acuerdo como una medida excepcional y otros, si bien coinciden en que es necesario reestructurar el sistema de pensiones, este no sería el mejor método por los efectos a futuro. Argumentos que desarrollan a continuación abogados y abogadas laboralistas y economistas que han estudiado el mundo previsional.

Los pro y contras

En el debate se han argumentado distintas posiciones que consideran la urgencia de las familias para aplacar la crisis y los efectos que podría generar al sistema de pensiones quebrado socialmente, como todos los expertos consultados lo estiman.

Este es el foco que, para el abogado laboralista de la Universidad de Chile, Juan Gumucio, no hay que perder de vista. A su modo de ver lo más importante es proyectar cambios en la seguridad social de las y los chilenos a largo plazo, algo que viene de la mano con una reestructuración del sistema completo de pensiones. Plantea que este no sería el escenario ideal, pero con un punto de inflexión: si la crisis se mantiene, sí podría considerarse esta como una vía, aplicando regulaciones y necesariamente, dice, considerando la reposición estatal de los fondos. Con esto también concuerda la abogada laboral y asesora de la Coordinadora No + AFP, Javiera Aravena, quien ve viable esta medida: «No hay inconvenientes estructurales en el entendido que si llegara a ser ley, todos los actores deben poner manos a la obra, incluida las AFP».

Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social asegura que las cotizaciones para seguridad social deben cubrir este objetivo, pero cree que, en la medida que los aportes del gobierno sigan siendo limitados y se eluda establecer una Renta Básica de Emergencia que permita a las familias hacer una cuarentena efectiva, va a seguir tomando fuerza esta opción. Sin embargo, aclara que un factor a considerar es que la capitalización individual reproduce la desigualdad del mundo laboral. “Si se revisan los promedios de los saldos de capitalización que tienen las personas, estos promedios son bajos. Tendrían que sacar mucho más del 10% para efectos de generarse una renta para este periodo”, acota.

En tanto, Paula Benavides, economista y ex asesora del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet, cree que esta medida sería opuesta a la mejora de las pensiones a largo plazo. Ella ve necesario reenfocar la discusión hacia otras herramientas que cubran los objetivos planteados para este retiro: “Se pueden evaluar medidas en torno a pensiones, pero que no afecten derechos previsionales. Como el ahorro voluntario y que las personas puedan retirar algún monto máximo del Ahorro Previsional Voluntario (APV), pero sin los castigos que hoy la ley contempla, como sobretasas. También se pueden revisar los requisitos de retiro anticipado para las personas que ya cumplieron los objetivos del sistema de pensiones y, por otro lado, tiene que ver con generar un Fondo Colectivo para emergencia con recursos que no se han podido asignar por el sistema”, sostiene.

Desde ahí también manifiesta sus reparos Fernando López, ingeniero comercial y académico del Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, quien asegura que para cualquier medida que contemple el uso de fondos de pensiones para aliviar shocks de corto plazo se debe resguardar que los recursos se restituyan para el pago de pensiones futuras. Para esto ve como alternativa el auto préstamo. “Su principal ventaja es que no desprotege los fondos de pensiones porque estos podrían ser devueltos con cargo a remuneraciones (vía descuento por planilla) y/o devoluciones de impuestos en el caso de los trabajadores independientes”, indica. López, además, explica que un esquema similar en la actualidad es el de los créditos sociales de las cajas de compensación, en las que los afiliados piden créditos para diversos fines que luego pagan en cuotas vía descuentos por planilla en el caso de trabajadores y descuentos de la pensión en el caso de los jubilados.

PABLO OVALLE ISASMENDI
/AGENCIAUNO

¿Aumentar la edad de jubilación?

Uno de los argumentos que también se ha debatido fue el planteado por Joseph Ramos, economista y ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que va en línea con los anteriores expertos que plantean la necesidad de reponer los recursos, con un matiz: que se aumente la edad de jubilación en un año o lo suficiente para que la pensión que reciban no se vea disminuida. En ese caso, ha dicho que se podría permitir el retiro de hasta $1 millón mientras se extienda la emergencia. “Se salvaguarda el interés para una buena pensión, así como también la posibilidad de usar ese ahorro en este momento, cuando las necesidades son fuertes”, explicó en una entrevista televisiva.

Pero esta propuesta también ha generado polémica. Benavides cree que no respondería a la realidad de los afiliados y cotizantes en términos de los niveles de saldos que tienen. “Plantear una compensación de este tipo puede no resultar realista porque para la gran mayoría de los afiliados donde cerca del 70 % tiene menos de 10 millones de saldo, o el 50 % menos de 4 millones, en realidad, el número de años de postergación es bastante más que uno”, advierte.

Mientras que Gumucio tampoco lo avala como opción porque se deben considerar factores sociales y las posibilidades que el mercado del trabajo ofrece para las personas que ya pasaron la edad de jubilación y que optaron por retirar fondos.

“Es torpe y cruel aumentar la edad de jubilación porque se cree que la edad de jubilación es una cifra de una tabla Excel, y responde a otros conceptos, en función de la realidad. La edad no es un baladí, no se puede mover por los fondos de las pensiones, porque terminas en una sociedad cruel, con personas mayores trabajando. Es un tema técnico social, hay que ver las condiciones y el mercado laboral si es que da las condiciones dignas”, sostiene.

Un planteamiento que también fue criticado por el presidente de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina.

El caso peruano

El periodista y escritor Carlos Tromben, autor de “Crónica Secreta de la Economía Chilena”, entre otras investigaciones, es de la idea de permitir el retiro de estos fondos, advirtiendo que, por el análisis de las cifras de la Superintendencia de Pensiones, existe activo que se puede liquidar al corto plazo para estos fines. “Están fundamentalmente fuera del país, son fondos mutuos, asciende a cerca de 70 mil millones de dólares”, específica. Y plantea una visión más general del funcionamiento del sistema previsional: “El trabajo de las personas es la principal fuente de inversión de la nación, las AFP financian los bonos de las empresas, las AFP financian los bonos del estado, compran acciones de las empresas, fondos de inversiones. Todos los meses la masa salarial genera cerca de 600 millones de dólares, unos 7 mil millones al año y eso se traslada a las inversiones”.

A su modo de ver, lo fundamental, es que los fondos puedan ser manejados por las personas a su criterio y no por las empresas en las que se invierte. Bajo ese entendido, pone como ejemplo lo que ha ocurrido en Perú donde se aprobó a fines de abril una ley que permitió retirar hasta el 25% de los fondos de pensiones. El gobierno ha puesto regulaciones para quienes podrán retirar estos dineros: las personas que se encuentren desempleadas a consecuencia de la crisis, los propietarios de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida y personas independientes que suspendieran sus actividades por la emergencia.

La medida aprobada por el Congreso puso en jaque al presidente Martín Vizcarra quien había solicitado que no se aprobara hasta que se llegara a un acuerdo sobre el mecanismo para que la retirada masiva no pusiera en riesgo el sistema previsional. En Perú los afiliados a las AFP suman más de 7,5 millones que acumulan más de 46 mil millones de dólares en fondos previsionales. Desde que se aplicó esta medida por la crisis, gran número de personas ha optado en sacar sus ahorros. Según información de las aseguradoras de ese país, hasta el 18 de mayo, más de 231.000 afiliados registraron sus solicitudes para el retiro del 25% de sus fondos.

 

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