Este jueves el gobierno ingresó al Congreso el veto presidencial a la ley que suspende el corte de servicios básicos durante la pandemia, legislación que ya fue aprobada por ambas cámaras, pero a la que el Ejecutivo se opone por su presunta «inconstitucionalidad».
Por esto, en su veto el Ejecutivo propone suprimir ciertos artículos del proyecto, los cuales serían reemplazados por los acuerdos que el Gobierno ha logrado con empresas de los sectores a los que alude la ley.
Específicamente, en su veto se propone suprimir los puntos referentes a las telecomunicaciones, cobertura que sería reemplazada a través de los acuerdos que el gobierno ha hecho con las empresas del rubro, y que significarían la «entrega de un plan solidario de conectividad a los usuarios activos del 60% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares, durante 60 días, no contemplando el uso recreacional«.
«En los hechos, la industria de telecomunicaciones está otorgando los beneficios establecidos en el proyecto de ley, lo que evita las complejidades constitucionales que levanta el proyecto», argumenta el Ejecutivo para eliminar este artículo y reemplazarlo por este «Plan solidario de conectividad».
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En cuanto a los servicios sanitarios, el Ejecutivo se opone al artículo 8, sosteniendo que «la carga pública que impone el proyecto se torna desigual cuando, en el artículo 8, se les prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto de ley por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías».
«De esta manera, se propone suprimir dicho artículo, lo que permite subsanar la inconstitucionalidad señalada, así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal, lo cual incidiría en la admisibilidad de las mociones», explica el Ejecutivo en su veto.
En base a estas modificaciones, el gobierno ha insistido que «el veto no afectará los beneficios que trae el proyecto«, aunque no ha sido claro en explicar que su propuesta si bien pretende mantener los beneficios, permitiría que la carga económica derivada de ley, sea traspasada a los usuarios por parte de las empresas.
«Vamos a rechazar, y a defender nuestro proyecto original»
Desde el Congreso en tanto, una de las parlamentarias que ha reaccionado a este veto es la PS Jenny Álvarez, quien sostuvo que el gobierno presenta este veto «para empatar su derrota en materia de pensiones y la pérdida de el control político».
«El veto viene a ser supresivo y modificatorio, y modifica algunos artículos relacionados en materia de agua, traspasando el costo a las familias. Elimina todo el plan de conectividad que se trabajó con la ministra de Transportes, y elimina también el artículo que prohibía traspasar el costo de esta ley a los usuarios. ¿Por qué? porque sigue defendiendo a las empresas, no solo sanitarias, eléctricas, sino que también sigue defendiendo a las AFP, como lo vimos ayer y lo encuentro lamentable. Bajo, especialmente en esta pandemia», agregó Álvarez.