La Corte de Apelaciones ratificó hoy –jueves 1 de octubre– el auto de procesamientos dictado por el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza de tres oficiales del Ejército en retiro, por su responsabilidad en la sustracción o destrucción de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Este ílícito fue perpetrado una década después de que concluyera la dictadura de Augusto Pinochet, entre 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán– confirmó la resolución apelada, con declaración de que la ex teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich queda sometida a proceso en calidad de autora del delito.
En tanto, la resolución mantuvo los procesamientos y grados de participación del general en retiro y ex director de Inteligencia del Ejército Eduardo Jara Hallad, en calidad de autor del delito; y del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero, como encubridor.
«Que, la resolución impugnada, a prima facie, reúne los requisitos legales antes reseñados (…) en su modalidad de ‘destrucción’ de documento por funcionario público, elementos del tipo que están claramente acreditados, desde que la destrucción de los documentos y la calidad de funcionarios públicos, son hechos indiscutibles y, en cuanto a la participación, está debidamente demostrada con el reconocimiento que se refleja en sus dichos», sostiene el fallo.
La resolución agrega que «la pretensión de los querellantes, atiende a la modificación de la responsabilidad que cabe en los hechos a la procesada Mercedes Rojas, de cómplice a encubridora, en tanto expresan que tuvo una participación directa e inmediata en la figura penal descrita, puesto que teniendo a su cargo la custodia de documentos que provenían del Centro Nacional de Inteligencia, ordenó a subalternos proceder a su incineración»
Por tanto, la corte confirmó la resolución apelada el 7 de febrero de 2020, con declaración que Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich queda sometida a proceso en calidad de autora de esta quema de documentos.