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Ambos fueron denunciados junto al secretario general del Senado, Raúl Guzman, por estar comiendo en un restaurant de mariscos en plena vigencia de la cuarentena sanitaria, a fines de junio. Hoy, ambos se enfrentan a la justicia y a una investigación administrativa, que con este recurso de protección, intentan frenar.
El pasado 25 de junio, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán (quien es además el ex fiscal jefe de la Fiscalía Sur), fue denunciado junto al fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Rosas, y al asesor de la misma, Roberto Contreras, por estar comiendo mariscos en un local de San Miguel, en fechas en que ni el local debió estar abierto, ni ellos debían estar reunidos, por la cuarenta que imperaba en la región debido al COVID-19.
El hecho causó polémica, y derivó en una investigación penal y en otra administrativa, que por estos días los involucrados han afrontado, de manera independiente, con una acción ante el Tribunal Constitucional (TC), una querella y un recurso de protección, que buscarían mejorar sus perspectivas en la investigación principal, así como ralentizar las acciones actuales, según dicen cercanos al caso.
Esto, porque la primera de ellas, a cargo 11° Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentra actualmente suspendida mientras dure la tramitación de un recurso de inaplicabilidad que la defensa de los imputados presentó ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurrió el pasado viernes 10 de octubre, cuando los defensores de los imputados acudieron al TC para solicitar la inaplicabilidad -por inconstitucional- del artículo 318 del Código Penal, con el fin de suspender la formalización, mientras no se resuelve el fondo de este requerimiento.
De esta manera, quedó suspendida la formalización de Raúl Guzmán, que estaba fijada para el próximo 19 de noviembre, y lo mismo ocurrió con los casos de Patricio Rosas y Roberto Contreras.
En paralelo, Rosas y Contreras, suspendidos a inicios de agosto para no entorpecer la investigación administrativa en su contra, presentaron el pasado 2 de noviembre un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel alegando que esta investigación administrativa se ha estado realizando de forma irregular.
En su recurso, declarado admisible el pasado 6 de noviembre, los imputados alegan «graves inconvenientes con el acceso a un debido proceso y ejercicio del derecho de defensa», llamando a «dejar sin efectos los actos impugnados, y/o retrotraer el procedimiento hasta el inicio del procedimiento disciplinario donde puedan ambos recurrentes intervenir en todas sus etapas e instancias con al alzamiento de las medidas excepcionales vinculadas al COVID».
Esto, porque según alegan, no han tenido acceso a la carpeta investigativa del caso, ni han podido «conocer las medidas y diligencias decretadas en la investigación sumaria», lo cual los pondría en una situación de indefensión.
Una de las consecuencias de la declaración de admisibilidad de este recurso, es que la mayor parte de los jueces que trabajan en la Corte de Apelaciones de San Miguel se han inhabilitado para juzgar si efectivamente el recurso de protección tiene validez o no, «por cuanto el recurrente, Roberto Contreras Puelles, es hijo de un Ministro que ejerce funciones en esta Corte de Apelaciones«, según los mismos magistrados explican en los documentos del Poder Judicial.
Fuentes judiciales sostienen que la Segunda Sala del tribunal, donde se revisará su recurso, suele fallar a favor de los imputados en causas sobre infracciones sanitarias en tiempos de cuarentena, lo cual podría estar dentro de las consideraciones de los imputados.
Esto, además de efectivamente retrotraer la investigación administrativa en su contra, tendría un positivo efecto sobre sus perspectivas a futuro en las investigaciones que el 11° Juzgado de Garantía de Santiago lleva.
Estas investigaciones son la ya mencionada causa principal, que se encuentra suspendida por el recurso interpuesto ante el TC, y otra iniciada por una querella interpuesta por Roberto Contreras ante el mismo tribunal «por posible delito de sabotaje informático», luego de que perdiera acceso a su cuenta de correo electrónico, donde según sostiene, tendría elementos claves para su defensa.
Por ello, una potencial resolución favorable en este recurso también impactaría positivamente en dicha querella, ya que si la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel le otorga la razón a Contreras en su recurso de protección, muy probablemente también lo haría en el caso de la querella, ya que ambos están vinculados y referidos a la capacidad de Contreras para defenderse apropiadamente.
