Ley de Identidad de Género: Más de 2.500 personas han cambiado su nombre y sexo registral

“El proceso fue muy aliviador porque tener un nombre diferente a cómo me veía era complicado, sobre todo para hacer trámites. Todo se demora el doble. (…) Cuando recibí el carnet saqué muchas fotos, se las mandé a mis amigos y las subí al estado (Redes sociales)”, dice Matthew Ayala (17), el primer adolescente en realizar el cambio de nombre y sexo registral en Chile.

Ayala forma parte de los 96 jóvenes, entre 14 y 17 años, que han rectificado su partida de nacimiento en Chile, según datos obtenidos vía Ley de Transparencia, al 3 de febrero del 2021. En ese rango etario, el 77% corresponde a mujeres trans y 22% a hombres trans.

El mayor número de cambios de nombre y sexo registral se ha dado en adolescentes de 16 años, concentrando un 40% de los casos, donde 30 de ellos pertenecen a mujeres trans y 8 a hombres trans. En el caso de las personas de 14 años, edad mínima para realizar el trámite legal, se registran 9 casos (9,4% del total), donde 8 cambios fueron hechos por mujeres trans y uno por un hombre trans.

En el caso de las personas mayores de 18 años, con la información actualizada al 24 de febrero de 2021, en total se registraron 2.466 cambios de sexo y nombre registral ante el Registro Civil. Aquí, el 58% de los cambios fueron hechos por hombres trans y un 41% por mujeres trans. 

La institución entregó a El Desconcierto las cifras correspondientes a mayores de edad desglosadas por región. Del total de casos registrados, 1.389 de ellos (57%) se concentran solo entre la Región Metropolitana (40%) y la Región de Valparaíso (17%). Luego la baja es abrupta. Les sigue la Región del Biobío, con 147 casos (6%), y la región que menos concentra registros es la de Los Lagos, con solo 10 casos.

Imagen: Elaboración propia

La mayoría de las personas que cambió su sexo registral tiene entre 21 y 30 años y representa un 49% del total de casos. Le siguen de cerca quienes tienen entre 18 y 20 años, representando un 30% de los casos. Avanzando en el tramo de edades, se puede encontrar que solo hay tres personas adultas mayores en todo Chile que tienen más de 71 años y que hicieron el cambio a través de la ley. 

Cabe recordar que de acuerdo a la ley 21.120, adolescentes entre 14 y 18 años pueden hacer la solicitud legal para el cambio de nombre y sexo registral, primero en tribunales de familia, con el respaldo de al menos un o una representante legal. Lo que sigue son tres audiencias (preliminar, preparatoria y de juicio), para que el tribunal comunique si se acepta o se rechaza la solicitud. 

En el caso de las personas mayores de 18 años, el proceso es menos engorroso. Solo deben presentar la solicitud directamente ante el Registro Civil, solicitar una audiencia ante el Registro Civil y, en caso de aceptarse, luego se realizan los procedimientos respectivos para obtener la nueva cédula. 

Falta de coordinación entre instituciones

Pese a que la ley ha permitido que 2.562 personas sean reconocidas legalmente por su identidad, según organizaciones y personas trans que realizaron el trámite, esta norma tiene falencias que no han sido enmendadas.

“Si pudiéramos hacer un análisis de si persisten o no las falencias, la verdad es que sí. Lo único positivo ha sido que las solicitudes se están aprobando, no están teniendo problemas en la gran mayoría de los casos”, dice la abogada Constanza Valdés, activista trans y candidata constituyente por el Distrito 7.

El Registro Civil tiene la obligación de informar de la rectificación de la partida de nacimiento a algunas instituciones públicas y privadas, pero la falta de coordinación ha hecho que las personas trans no necesariamente figuren con su identidad ante ellas. Valdés detalla que, en muchos casos, las bases de datos de instituciones como el Ministerio de Educación, el Registro Social de Hogares y el Servicio de Impuestos Internos, no están actualizadas en cuanto a nombre y sexo.

“Hasta el momento yo llevo un año y medio con mi nombre y todavía no han hecho nada” relata Sevastián Garrido, fundador del centro de apoyo psicosocial «Mi Historia Mi Cuerpo», respecto a la falta de coordinación entre instituciones. Al realizar el trámite, el Registro Civil le entregó un listado con todos los organismos que deben cambiar su nombre, pero según su experiencia y el de otros integrantes de su centro, esto no se cumple a cabalidad. Consultamos al Registro Civil sobre estos casos, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta.

La deuda de los Programas de Acompañamiento

Las personas menores de 18 años que quieran cambiar su sexo y nombre registral de forma legal, pueden hacerlo con asesoría y apoyo de programas de acompañamiento. Según cuentan las organizaciones y activistas, este sería otro de los puntos débiles y a reforzar de la Ley de Identidad de Género. 

A Matthew Ayala le sorprendió que fuera el primero en hacer el trámite legal, pese a que no había pasado un día desde la promulgación de la ley. Realizó su proceso en compañía de la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD). Su madre fue quien recibió asesoría de un abogado de la organización, quien le informó sobre cómo hacer el trámite, mientras ella se aseguraba de que se respetaran los derechos de su hijo en todo momento. 

La red de acompañamiento debe incluir asesoramiento psicológico y biopsicosocial para que exista un desarrollo integral en el proceso de tránsito a la nueva identidad, ítem que no todas las organizaciones pueden cumplir debido al alto costo que implica. “Si no hay instituciones que lo realicen, no hay personas capacitadas, (…) perfectamente puedes arruinarle la vida a una familia o a la niña, niño, adolescente”, explica Constanza Valdés.

Las acciones de los programas deben estar diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Ministerio de Salud, y pueden ser ejecutadas por quienes cuenten con acreditación vigente. Su importancia radica en que se otorgue una correcta transición, y un constante acompañamiento a las familias, quienes muchas veces no saben cómo abordar el tema. 

La implementación del Programa de Acompañamiento se está realizando de manera gradual en la realidad nacional, y desde las organizaciones ya identifican claramente algunas de sus falencias. “Creo que el programa que se ideó en el ministerio (de Desarrollo Social y Familia) era excesivamente ambicioso, muy caro, que pretendía atender a miles de personas. Cuando algo se hace tan desproporcionadamente, yo a veces pienso que no hay necesariamente una buena voluntad de hacerlo, sino una voluntad de que ojalá no salga” dice Franco Fuica, Coordinador de Políticas Públicas de OTD .

Para acreditarse como acompañantes, las organizaciones deben asumir obligaciones, como tener profesionales capacitados, espacios de atención y salas habilitadas que permitan la confidencialidad. Su costo no es asumido por el Estado, lo que hace que muchas organizaciones no tengan la posibilidad o no quieran acreditarse, porque incluso puede resultar más conveniente el no hacerlo. 

En el caso de OTD, donde la mayoría de sus trabajadores son personas trans, hacen un acompañamiento voluntario, en el que vinculan a estos adolescentes con otras personas de la organización. Franco Fuica detalla que “la gente que se nos acerca son personas que están súper convencides (de realizar el trámite). Pedirle que se mantengan en un programa que dura un año nos parece un despropósito. (…) Vamos a indicarle al tribunal (de familia) que realice el cambio registral de sexo, incluso sin ese acompañamiento”.

Una cédula de identidad no es suficiente

“La Ley de Identidad de Género es el piso mínimo para tener algo de dignidad en la población trans, pero, (…) incluso con la cédula de identidad, no previene que tenga situaciones de discriminación, o situaciones incómodas. La gente piensa de inmediato ‘¿por qué tiene esa voz?, ¿por qué se viste de esa manera?’ Van a cuestionar mucho lo que tiene que ver con tu identidad y eso no pasa por una cédula”, dice Constanza Valdés. 

Si bien el foco de la Ley 21.120 está puesto en el derecho a la identidad de género y la rectificación de sexo y nombre registral, no soluciona el problema de fondo. Y es que, tanto esta ley como la Ley Antidiscriminación–conocida como Ley Zamudio– quedan cortas ante un problema que las fuentes consultadas definen como estructural, y donde las cifras de discriminación y crímenes por transfobia aumentan cada año. 

Según datos de la Primera Encuesta sobre Discriminación y Salud Afectivo-sexual de 2020, realizada Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), un 93% de las personas encuestadas reconoció haber sufrido algún episodio de discriminación. Para el estudio se consideró a 121 mujeres trans de todas las regiones de Chile. 

De las personas encuestadas, un 74,4% declaró haber sufrido violencia verbal; de forma psicológica, un 74,4%; de forma física, un 34,9%, y de forma sexual, un 25,6%. Y las cifras alarmantes no se detienen ahí: Un 51,1% de las personas se auto infringió algún tipo de daño luego de un episodio de discriminación, y un 39% intentó suicidarse. 

¿Cómo podría revertirse el escenario? Respuestas hay. Las fuentes coinciden en que la base de todo es realizar un trabajo preventivo, apoyado en la educación y en la implementación de políticas públicas efectivas, que permitan una inclusión en todo ámbito. 

“Tenemos que empezar por la base de una educación sexual integrada, donde se trabaje con les niñes desde la primera etapa. Si no se hace eso nunca se va a terminar con la discriminación, y seguirán en aumento los suicidios. (…) Sin eso, las leyes están muy vacías, sobre todo si no hay quién las fiscalice”, sostiene Sevastián. 

“Otra de las falencias tiene que ver con salud, aunque la ley no habla de eso. Hasta hoy no hay una política de salud de las personas trans. No hay ninguna política respecto a cómo se podría avanzar más en la Ley de Identidad de Género, o qué pasa con el nombre social de las personas no binarias en las instituciones, por ejemplo”, dice Constanza Valdés.

Actualmente, en la Cámara del Senado está en tramitación una modificación a la actual Ley Zamudio, que pretende establecer medidas más drásticas contra la discriminación. Dentro de las principales propuestas, considera la creación de instructivos y capacitaciones en atención no discriminatoria, con el fin de prevenir la discriminación a la población LGBTIQ+. El proyecto ingresado en octubre de 2020, también propone aumentar la actual multa desde 50 a 500 UTM por actos que atenten contra la dignidad de las personas.