Sebastián Piñera | Agencia Uno
Amnistía Internacional asegura que en Chile la pandemia “puso en evidencia un legado de políticas deliberadas y crueles que se han mantenido en las últimas décadas sin que ningún gobierno haya hecho cambios estructurales para dejarlo atrás”.
Este miércoles, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual sobre Derechos Humanos correspondiente al período 2020/21, repasando la situación internacional y el manejo de cada gobierno al respecto.
El organismo analizó los efectos de la pandemia en América a lo largo del documento, el cual ahonda en el caso chileno, con una creciente cifra de contagios de coronavirus sumada a un “débil liderazgo del gobierno actual”.
Según AI, “el COVID-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia”.
Respecto a Chile, Amnistía asegura que “la desigualdad, la discriminación estructural y el débil liderazgo del gobierno actual abonó el terreno para que el COVID-19 se propagara con una brutal fuerza en el territorio, haciendo que el país llegara a estar entre los diez con más muertes por millón de habitantes en el mundo”.
“Todo esto en medio de medidas y discursos oficiales alejados de innumerables recomendaciones de expertos, incluyendo de la Mesa Social Covid que el propio gobierno convocó, y de la realidad que se veía en terreno”, agrega el organismo.
Esta aseveración es respaldada por Ana Piquer, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. “Si el gobierno nunca reconoció el colapso del sistema de salud que sí vivieron varios hospitales públicos de zonas más populosas y que atienden a población de menores recursos, difícilmente se iban a preparar como correspondía para la nueva ola de contagio que vemos hoy en día”, explica.
El organismo asegura que en Chile la pandemia “puso en evidencia un legado de políticas deliberadas y crueles que se han mantenido en las últimas décadas sin que ningún gobierno haya hecho cambios estructurales para dejarlo atrás”.
“Las desigualdades y la situación de vulnerabilidad en que viven la mayoría de las personas están enraizadas en un sistema realmente destructivo para los más marginados”, añaden desde el movimiento global.
Piquer, por su parte, indica que “los movimientos sociales, que se acentuaron tras el estallido social, gritaron a la cara a las autoridades que esto no daba para más. Sin embargo, quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías, lo que evidenció una enorme falta de liderazgo y humanidad por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera”.
Amnistía Internacional también abordó la cantidad de trabajadores que han fallecido producto de la enfermedad. Por ejemplo, señalaron que en Chile al menos 80 trabajadoras y trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19.
Además, descubrieron que durante el peak de la pandemia a mediados de 2020, las y los funcionarios trabajaron muchas veces en situaciones de colapso, inseguras y sin un apoyo efectivo.
“Lamentablemente, casi ninguna de las recomendaciones que hicimos en ese momento han sido acogidas, y preocupa ver que con el peak que vivimos actualmente, el personal de la salud está enfrentando situaciones similares”, señala la directora de Amnistía Chile.
Además de repasar la crisis sanitaria, el informe abordó la crisis migratoria que se ha vivido a lo largo de América, bajo el pretexto de aplicar medidas de salud pública.
En el caso de Chile, AI ejemplifica con lo sucedido a comienzos de este año, cuando el gobierno expulsó a más de 100 personas, mayormente venezolanas, que llegaron a la zona de Colchane en busca de protección, “y que fueron expulsadas incluso habiendo recursos judiciales pendientes y cuyo resultado no se esperó”.
Asimismo, examinaron las manifestaciones sociales en Chile, las cuales se han mantenido pese a la crisis sanitaria, pero en menor medida. Para el organismo internacional, “el actuar de las policías ha continuado revelando una intención de castigar a quienes se manifiestan, más que controlar el orden público”.
“El incumplimiento de las normas sanitarias debido a la pandemia no puede usarse como excusa para reprimir a las personas con violencia”, sentencian. Ana Piquer asegura, en ese sentido, que “hemos visto el proceder ambiguo, inexplicable e incluso grosero de Carabineros que mientras reprimían algunas marchas, resguardaban otras. Esto es una muestra más de que los abusos y la discriminación siguen arraigados en nuestras instituciones y sociedad”.
Para AI, en Chile es evidente la falta de liderazgo de las autoridades. Esto, al punto que diversos activistas y representantes de organizaciones sociales y de salud debieron ocupar dicho rol.
“Tanto en la crisis sanitaria como en la crisis de derechos humanos, el liderazgo que se requería no vino del gobierno, vino de la misma gente, por ejemplo, del personal de salud, organizaciones de la sociedad civil, brigadistas, observadores de derechos humanos, prensa independiente y de quienes levantaron ollas comunes”, asevera, con el respaldo de la directora Ejecutiva para Chile.
“Han sido estas personas las que mostraron la humanidad que se requiere en estos tiempos excepcionales. Claramente saludamos y agradecemos estas acciones, pero también exigimos al gobierno que se haga cargo de sus responsabilidades. Esperamos que el proceso constituyente que se avecina abra la oportunidad que necesitamos para construir ese país más humano, en el que la dignidad se defienda desde las autoridades, y no a pesar de ellas”, indica Piquer.
La abogada añade que “en el caso de Chile, si observamos sobre cómo estábamos hace un año, vemos que la situación está igual o peor. Además, tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, y que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos como si fueran casos aislados”.
“Ante este escenario tan desolador en el país, la reacción que vemos de las autoridades de manera recurrente, tanto en lo relativo a violaciones de derechos humanos por parte de carabineros, como en lo relativo al COVID-19, es una defensa indignada y rabiosa tratando de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7.000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia. Una recuperación en base a la equidad, la compasión y la humanidad requiere de liderazgos que encarnen estos ideales”, concluye.
