Defensoría Penal Pública | DPP
En relación al conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre los derechos humanos en el ámbito penal, el estudio revela que sólo 35% de la ciudadanía cree que el sistema penal chileno los garantiza.
La Defensoría Penal Pública (DPP) oficializó esta semana los resultados del Estudio de Opinión Pública sobre Imagen y Posicionamiento, trabajo a través del que buscó identificar el conocimiento y la percepción que tienen los habitantes de Chile sobre los DD.HH. en el ámbito penal.
La encuesta concluye que, en términos generales, solo 58% de los entrevistados declaran conocer los derechos humanos, y perciben que las demás personas tiene un menor conocimiento (41%). Esta diferencia se observa con mucho mayor proporción a nivel de los grupos socioeconómicos más altos C1 y C2, con 73% y 72%, en contraste con 28% y 26%.
Por otro lado, de acuerdo con la institución, a 20 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, 68% de los chilenos dice conocer poco o nada los derechos que le asisten en el actual sistema de justicia.
En este desconocimiento, las personas de entre 18 y 34 años aparecen como quienes dicen conocer menos sus garantías fundamentales (74%), junto a quienes provienen de los estratos socioeconómicos más bajos (71%) y de las regiones del sur de Chile (73%).
Sin embargo, al consultarles por la importancia que tendrían los DD.HH. con una nueva Constitución, dos de cada tres chilenos creen que estos serán muy relevantes, superando por lejos la percepción respecto de otros hitos recientes, como el estallido social (65%) y la pandemia (59%).
En este mismo tema, 56% de la ciudadanía cree que la situación del sistema de justicia mejorará con una nueva Constitución, percepción especialmente alta entre las personas de entre 18 y 34 años, de estratos sociales medios altos y que viven en regiones del norte del país.
Respecto a las garantías de las personas en el sistema penal, donde los consultados dicen que “ha oído hablar” o “conoce”, 92% de los chilenos dice reconocer el derecho a disponer de un abogado si es acusado de cometer un delito. El 72% de las personas reconoce el derecho a no sufrir malos tratos o torturas, y 66% ha escuchado el derecho a la presunción de inocencia.
Este estudio de opinión pública, encargado por la DPP a la empresa CADEM, se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020. La encuesta incluye 1.220 entrevistas realizadas a personas de todo el país y tiene un rango estadístico de 2,8%.
Al igual que en estudios anteriores de Imagen y Posicionamiento realizados por la Defensoría Penal Pública, la percepción de la ciudadanía respecto de la autonomía institucional también estuvo presente esta ocasión.
Consultados si están acuerdo con que la Defensoría Penal Pública sea autónoma, al igual que las otras instituciones del sistema de justicia penal, 76% de los chilenos dijo apoyar esta opción.
Los índices más altos de respaldo a la autonomía institucional, se concentraron en el grupo de personas mayores de 55 años (81%); principalmente hombres (78%); y radicados en las regiones del norte del país (82%).
Al comparar por nivel socioeconómico de los consultados, las respuestas favorables a la autonomía fueron especialmente altas entre las clases más acomodadas y media, con porcentajes de aprobación cercanos al 80%.
En relación al conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre los derechos humanos en el ámbito penal, sólo 35% de la ciudadanía cree que el sistema penal chileno respeta y garantiza los derechos humanos de las personas. Esta percepción es especialmente mayor entre las personas de estratos socioeconómicos altos (46%).
Al ser preguntados por las instancias penales en las que perciben un mayor respeto por las garantías de las personas, 47% responde “durante el juicio”. Al otro extremo de la tabla, hay sólo 20% que cree que este respeto existe “al interior de las cárceles” y 31% “al estar detenido en un recinto policial”.
La educación de los chilenos en el ámbito de los DD.HH. fue otro de los ejes centrales del estudio. Es así como se puede concluir que si bien 58% de los consultados dice conocer los derechos humanos; estas mismas personas perciben que sólo 41% del resto de la ciudadanía es capaz de reconocerlos.
Los pueblos originarios (27%), las disidencias sexuales (28%), los adultos mayores (32%) y las mujeres (35%) son percibidos por los encuestados, como los grupos a los que menos se les garantizan los derechos humanos. Al otro extremo, los hombres (52%) y los migrantes y extranjeros (39%) aparecen como quienes son más respetados en sus garantías fundamentales.
Respecto del nivel de acuerdo con distintas aseveraciones en este tema, 81% cree que hoy las personas conocen más sus derechos que hace 10 años. Además, 56% piensa que los derechos no se respetan porque no se conocen, y 49% de la ciudadanía percibe que la información y educación que hay sobre el tema “es deficiente”.
El estudio también ahonda en la situación de las personas privadas de libertad, preguntando a la ciudadanía respecto de la percepción que tienen sobre la vida que llevan estas personas en los recintos carcelarios.
En este contexto, 75% de los chilenos cree que en las cárceles hay hacinamiento, y 53% de las personas creen que los internos cuentan con agua potable. Sólo 34% piensa que los privados de libertad tienen una cama y reciben una alimentación adecuada, y 28% cree que existen tratamientos médicos para los internos con adicciones de droga y/o alcohol.
Enfrentados a posibles derechos que deberían tener las personas privadas de libertad, 88% de los chilenos estima que tienen derecho a recibir atención médica. 84% piensa que el Estado debe ayudarlos en su reinserción laboral, una vez cumplida la condena, y 81% de la ciudadanía cree que los detenidos en cuarteles policiales tienen derecho a contar con un abogado defensor.
En el caso de las mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos menores de dos años, 57% cree que deberían cumplir su condena en sus hogares y el 49% apoya la idea del indulto para una persona que está condenada y con una enfermedad grave o terminal.
El estudio elaborado por CADEM también se detuvo a revisar los aspectos que el ciudadano percibe como las “mayores falencias” en el actual sistema de justicia penal. Frente a un listado de aseveraciones señaladas por la empresa encuestadora, 52% de la ciudadanía está de acuerdo con que los juicios y condenas dependan del nivel socioeconómico o el origen de la persona, y 45% opina que las penas y las condenas son muy bajas.
Respecto de la primera aseveración, las personas de entre 18 y 34 años (61%), y de grupos socioeconómicos alto (59%) y medio alto (63%) son las que más la suscriben.
En el caso de las bajas condenas, este aspecto fue rotulado como “falencia”, especialmente por las mujeres (49%), las personas de 55 o más años (50%) y de las clases más altas (50%) y también las menos acomodadas de la sociedad (49%).
