José Manuel Palacios, alcalde a la reelección por La Reina | Agencia Uno
La investigación penal de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI por orden del fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, para indagar las irregularidades detectadas en la comercialización, multas y desestimientos judiciales para el cobro de millonarias multas por el uso del espacio público para paletas publicitarias, se tomó gran parte del debate electoral local.
«Toda publicidad es buena (…) cuando conduce al éxito». La célebre frase del jefe propagandístico nazi Joseph Goebbels parece calzar solo a medias cuando se buscan las causas del escándalo judicial que sacude por estos días al municipio de La Reina, justo a pocas horas de la elección que decidirá quién será el nuevo alcalde o alcaldesa y quiénes asumirán el concejo municipal para secundar a la autoridad.
Y es que la investigación penal iniciada hace unas semanas por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI por orden del fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, para indagar las irregularidades detectadas en la comercialización, multas y desestimientos judiciales para el cobro de millonarias multas por el uso del espacio público para paletas publicitarias, se tomó gran parte del debate electoral local.
Respecto de la indagación, el alcalde (s), Enrique Orrego, explicó que “estamos trabajando con la convicción de que este tipo de investigaciones termina siempre ratificando el buen trabajo realizado por los equipos municipales, así que estaremos a disposición de la investigación”.
En este escenario es que al menos tres integrantes del actual concejo municipal afirmaron a Síntesis Chile que, una vez instalado el nuevo concejo, evaluarán denunciar al alcalde José Manuel Palacios al Tribunal Electoral por “notable abandono de deberes” en la medida que este resulte reelecto.
“Si no cobrar más de 6 mil millones de pesos con juicios ya entablados no es abandono de deberes, no sé lo que podría ser o significa realmente abandono de deberes”. Con esas palabras, el concejal DC Álvaro Delgado aseguró que el tema circula entre los repostulantes al futuro concejo edilicio.
Delgado explica además que “existen juicios que fueron declarados en abandono o archivados, como concluyó la Contraloría. Entonces, esto significa que el municipio cuenta con $6 mil millones menos en el presupuesto para salud, educación o infraestructura deportiva. Un Cesfam nuevo vale ese dinero y naturalmente hay necesidad, pero la desidia del municipio tiene estos costos”.
La investigación de la PDI, que hasta el momento ha obligado a algunos de los colaboradores más cercanos del alcalde José Manuel Palacios y a diversos ejecutivos de las principales empresas de publicidad a declarar, tuvo su origen en noviembre de 2018 cuando en presencia de la prensa, el jefe comunal procedió a clausurar los letreros publicitarios de la comuna.
Un año antes, el municipio había modificado la ordenanza local, elevando a 15 UTM la multa por la instalación de paletas, decisión que le permitió iniciar las acciones de cobranza judicial de unos $6 mil millones que las empresas de publicidad adeudaban a La Reina desde 2007.
Tras la mediática clausura, el municipio llamó a licitación para la instalación de 18 letreros led –incluyendo la faja fiscal de Américo Vespucio– imponiendo una restricción clave: no podían participar las empresas que registraran “una o más deudas tributarias por un monto total superior $24 millones por más de un año”.
En paralelo, inició acciones judiciales para cobrar las deudas. Las demandas apuntaron principalmente a las empresas JC Decaux, Grafics y Global Media, que habían sido sindicadas como las de mayor volumen de deudas con el municipio en un preinforme emitido por Contraloría.
Sin embargo, en marzo de 2019, ya realizado el llamado a licitación, el municipio adjudicó 14 de los 18 letreros a JC Decdaux y Global Media. Se trata de las mismas compañías publicitarias cuyas pantallas led inundan el espacio público de las principales vías en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
La primera resultó ganadora de la licitación, adjudicándose nueve pantallas led, pese a mantener activa una demanda por «morosidad en el pago de los derechos de publicidad» por unos $219 millones, mientras que Global se quedó con cinco letreros estando demandado por «concepto de morosidad en el pago de los derechos” por otros $186 millones, más intereses y costas.
Según relata el diputado del distrito 11, Tomás Hirsch, “parece a lo menos sospechoso que tiempo después, la municipalidad de La Reina presentara un escrito para solicitar ‘tener a esta parte por desistida de la demanda ejecutiva con expresa reserva del derecho de mi representada para entablar la acción ordinaria’”, entrando en una contradicción vital, “con el solo propósito de que esa empresa pudiera adjudicarse los carteles”.
Pero el elemento que enciende más la trama fue la decisión del 10° juzgado de Santiago, que rechazó el desistimiento municipal, en una decisión que fue ratificada luego por la Corte de Apelaciones y confirmada más tarde por la Tercera Sala de la Corte Suprema, desestimando el recurso de casación con que el municipio pretendía obtener apoyo a su decisión de desistirse de cobrar.
Para Hirsch, “la razón fundamental es que una autoridad municipal no puede lisa y llanamente dejar de cobrar una deuda porque afecta al patrimonio municipal, y está obligado por ley a hacer todas las gestiones necesarias. Entonces, hay sospecha legítima por parte de la Fiscalía de que habría omisiones por parte del municipio orientadas a no cobrar y eso debe investigarse, porque puede haber razones de índole personal y no municipal”, aseguró.
Según el parlamentario “la nueva licitación solo empeoró las cosas: el municipio llamó a licitación y cuando se le objetó el que incluyera a una empresa deudora del municipio, que estaba prohibido por las mismas bases de licitación, lo que hizo fue mantenerla dentro del sistema. Ahí no solo hay negligencia, sino una negligencia culposa”.
En tanto, la concejala y candidata a un nuevo periodo, María Catalina Rubio, añadió que si el tema se vota en el concejo “creo que de todas maneras hay que darle curso al notable abandono de deberes y sería una causal súper demostrable, sin duda que participaría, votaría por hacer la acusación”.
Para la postulante RD al concejo, “es sabido que (la publicidad) opera financiando al duopolio, porque el que no se cobre un (permiso) precario significa que alguien recibió un beneficio económico, y eso deja harto que desear”.
Por su parte, el concejal de Renovación Nacional, Rodolfo del Real, defendió la gestión de la administración de Palacios. “Espero que logren encontrar a las empresas y les cobren. Deberían presentar todos los antecedentes y si no tienen éxito, por lo menos se hizo la gestión y no estaría incumpliendo con sus deberes el alcalde”.
“¿Ver el abandono de deberes?, No podría dar una respuesta, porque tendría que tener todos los detalles, tendría que hacerme asesorar para tomar una decisión final. Es decir, si efectivamente hubo un problema grave, tendría que ver y no me importa si soy de derecha o izquierda, o soy del sector, primero hay que estar bien seguros de lo que pasó”, concluyó, sin asegurar cómo votaría una eventual destitución.
En tanto, esta semana, La Asamblea Constituyente de la Reina (ACCLR) informó que las y los candidatos progresistas a la Convención Constitucional del Distrito 11, firmaron la «Declaración de Compromiso con la ACCLR», que implica un trabajo para que Chile sea un país libre de neoliberalismo, además de buscar las bases de un modelo de desarrollo que ponga al centro al ser humano.
El documento, de carácter ciudadano, compromete a los firmantes a avanzar decididamente para dejar atrás el modelo de desarrollo neoliberal y luchar por la libertad de los presos políticos del estallido social.
Entre ellos, la contendora de Palacios, la DC Sara Campos, declaró su compromiso “a facilitar y promover la participación de nuestras vecinas y vecinos en el proceso constituyente, en todos los rincones de nuestra comuna”.
