Expulsión de migrantes (referencial). | Agencia Uno.
Sky Airlines, empresa presidida y controlada por Holger Paulmann, sobrino del propietario de Cencosud, suscribió un contrato con el Ministerio del Interior para realizar los vuelos de expulsión de migrantes. El acuerdo incluye al menos 15 viajes con 180 pasajeros cada uno, por un total que puede ascender a $1.500 millones.
Este miércoles se revelaron los detalles del contrato que Sky Airlines suscribió con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para efectuar vuelos de expulsiones colectivas de migrantes, práctica que ha llevado a cabo el gobierno en las últimas semanas.
En dicho acuerdo de prestación de servicios, la empresa presidida y controlada por Holger Paulmann, sobrino del propietario de Cencosud Horst Paulmann, se aseguró los vuelos por un plazo de 12 meses, por un monto que asciende como máximo a $1.500 millones.
La revelación ocurre en paralelo a las denuncias de nuevas expulsiones colectivas que se estarían dando en la tarde de este miércoles tanto en Arica como en Santiago y que afectarían a al menos una treintena de ciudadanos extranjeros, según acusó el Servicio Jesuita Migrante (SJM). Razón por la cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos se constituyó en terreno.
⚠️Alerta: Nueva expulsión colectiva de personas migrantes en curso, con detención de al menos una treintena de #Arica y #Santiago. Reiteramos que el llamado de la @PJudicialChile a detener esta medida contraria al debido proceso y al derecho Internacional. pic.twitter.com/crffifBn2L
— SJM Chile (@SJMChile) June 23, 2021
Los detalles de dicho contrato fueron revelados por La Tercera, a raíz de una solicitud de información vía Ley de Transparencia. El documento se firmó el pasado 21 de abril y, hasta el momento, la aerolínea ya ha realizado dos vuelos con un total de 108 pasajeros.
Para fundamentar el acuerdo, el contrato sostiene que “debido al aumento en el ingreso clandestino de extranjeros a Chile, principalmente por pasos no habilitados y que han permanecido en forma irregular en el territorio nacional, se generó un importante incremento en el número de expulsiones administrativas por parte de las intendencias regionales”.
En cuanto a los valores de las prestaciones de Sky, el convenio sostiene que “el monto que irroga el presente contrato asciende a un monto máximo de $1.500.000.000 incluidos todos los impuestos que puedan corresponder para los 12 meses que dura el contrato. Dicha suma será pagada de manera mensual, por los vuelos efectivamente programados dentro del mes”.
De igual forma se establece de antemano que la compañía deberá realizar al menos 15 vuelos, con un máximo de 180 pasajeros cada uno.
El cálculo arroja que el Estado pagará $555.555 por cada uno de los 2.700 migrantes expulsados si es que se cumple en su totalidad el contrato con Sky Airlines.
Además, se establecen una serie de multas a la empresa en casos de incumplimiento, como el pago del 5% del total de la facturación del vuelo en caso de que se alteren las fechas, horario o itinerario del vuelo sin aviso previo. Asimismo, en caso de desperfectos mecánicos, se le obliga a conseguir un vuelo de remplazo en un máximo de 18 horas, sin costos para la Subsecretaría del Interior.
Al respecto, el director de Incidencia Pública y Estudios del SJM, Carlos Figueroa, sostuvo en conversación con el citado medio que “como Servicio Jesuita a Migrantes volvemos a subrayar que la Corte Suprema ya le advirtió al gobierno, esta misma semana, que lo que hacen al expulsar colectivamente a personas migrantes es ilegal. Que nos enteremos que la ilegalidad es más cara de lo que creímos sólo agrava un problema que es, a estas alturas, intolerable”.
En la misma línea, Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), criticó que “son recursos que pudieran utilizarse para asistir a las personas que realmente necesitan una asistencia social. El Ministerio del Interior en todo lo relacionado con la migración y la nueva Ley de Migraciones ha sido muy oscuro. Además, decimos que es mucho más económico para el país regularizar a estas personas que andar persiguiéndolas como si fueran delincuentes”.
Por su parte, la directora de la directora de la clínica jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, consideró que la expulsión “es sólo una medida populista, porque no ataca la raíz del problema”. “La política gubernamental de expulsar colectivamente a personas extranjeras del país no tiene ninguna posibilidad de ser una respuesta real frente a la problemática de la migración irregular”, sostuvo.
La respuesta del Ejecutivo se dio a través del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien sostuvo sobre el elevado costo que “esta no fue una decisión económica, porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”.
En cuanto a las críticas de la utilización de este tipo de políticas, afirmó que “entiendo que las críticas vertidas no aplican a personas que son expulsadas mediante condenas ejecutadas por tribunales. Me imagino que la crítica va por las expulsiones administrativas, pero lo que corresponde es que nosotros como administración del Estado cumplamos la ley”.
“La ley contempla la expulsión para aquellos que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria y una de las infracciones más graves que se cometen es el ingreso por pasos no habilitados. Hemos estado en conversaciones con lo que resuelva el Servicio Jesuita del Migrante y estamos muy atentos a lo que resuelvan las cortes para ir ajustando los procedimientos para llevar adelante las expulsiones, pero esto no implica detenerlas”, cerró.
