Imagen referencial Plaza de la Dignidad, un lugar emblemático del estallido social del país | Agencia Uno
«Para nuestro gobierno, siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los derechos humanos, de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables», dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto de la asignación de recursos que busca facilitar el trabajo de 130 profesionales acreditados a nivel internacional para que se hagan cargo de pericias pendientes en este ámbito.
A menos de un año de dejar su administración y con decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional, el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Justicia, comprometió la entrega de 513 millones de pesos al Servicio Médico Legal (SML) para acelerar los peritajes en causas en esta naturaleza.
De acuerdo a información que recoge La Tercera, la asignación de recursos tiene por objetivo orientar los peritajes en el «Protocolo Estambul», un procedimiento de evaluación mental y sicológica que busca acreditar signos de tortura, con el propósito de acelerar 900 causas pendientes en este ámbito.
Con esta inversión, se facilitará el trabajo de 130 profesionales acreditados a nivel internacional para que se hagan cargo de estas pericias, un trabajo que corre en paralelo a la judicialización de causas que incluso mantienen al Ejecutivo en la mira del ex juez Baltasar Garzón, quien hace un par de meses y junto a un colectivo de organizaciones, hizo llegar un escrito a la Corte Penal Internacional (CPI) acusando al Presidente Sebastián Piñera de crímenes de lesa humanidad.
El documento, dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, pide que el tribunal investigue al Presidente de la República, para después acusarlo e iniciar un juicio en contra suya y sus colaboradores civiles, militares y policiales.
Mientras tanto, desde la cartera de Justicia se busca dar señales positivas en esta materia. «Para nuestro gobierno, siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los DD.HH., de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables», dijo al respecto su titular Hernán Larraín.
Y agregó que la intención del Ejecutivo es poder agilizar este procedimiento. «Esperamos que con estos nuevos recursos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes, cerrar la brecha existente en pericias de salud mental, y dar así un término a los casos que se encuentra investigando el Ministerio Público», aseguró.
Paralelamente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, detalló que «el fortalecimiento que hoy recibe el SML para la realización del Protocolo de Estambul, sin duda ayudará a acelerar las indagatorias que hoy se encuentran sin avances por la falta, entre otros aspectos, de esta pericia».
En este sentido, dijo que «para el Ministerio Público, es de especial interés poder avanzar en estos casos, y junto con trabajar con el Ministerio de Justicia en un proyecto de creación de una fiscalía especializada en DD.HH., estamos implementando diversas acciones que buscan abordar con mayor eficacia las causas de violencia institucional germinadas en el marco del estallido social».
