La ex intendenta Lucía Pinto. | Agencia Uno (archivo).
Se investiga la responsabilidad del GORE de Coquimbo en la adquisición irregular de terrenos por $9.800 millones a fines de 2019, destinados para la construcción de un centro deportivo. La compra se efectuó a pesar de que Contraloría había manifestado en múltiples oportunidades las irregularidades y a sabiendas de la existencia de tasaciones por menos del 50% del valor, argumentó el CDE.
El Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso una querella por el delito de fraude al Fisco contra tres ex directivos del Gobierno Regional de Coquimbo, y un particular, por su responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos por $9.800 millones a fines de 2019, destinados para la construcción de un centro deportivo en la ciudad de La Serena.
La querella del CDE se dirige contra la ex Intendenta Lucía Pinto (UDI), el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza, y el jefe de la División de Planificación y, luego, administrador regional, José Cáceres, quienes, habrían incumplido dolosamente los deberes de sus cargos.
Los mencionados habrían realizado múltiples gestiones para concretar la compra de terrenos, bajo la modalidad de trato directo y por montos por sobre a su valor real. Lo anterior, omitiendo objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo y su negativa a tomar razón, en cuatro oportunidades, del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin.
En definitiva, se trató de un paño de seis lotes de propiedad de seis sociedades distintas, pero que contaban con los mismos socios. Entre los propietarios se encontraban los hermanos Manuel y Karim Dair, Lorenzo Iduya y Nicolás Bakulic.
Al respecto, la acción interpuesta por el CDE sostiene que los querellados actuaron, no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, por cuanto de manera conjunta realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición de los referidos terrenos, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regiona.
Además, argumenta el CDE en la querella, habrían tenido conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal. Dichas tasaciones apuntaban a que los terrenos bordeaban los $4 mil millones.
El GORE no pudo dar cuenta del fundamento para adquirir los terrenos mediante trato directo –siendo este excepcional y que exige debido fundamento, en relación con la adquisición mediante licitación pública– ni justificó el elevado precio pactado con los particulares, sostiene la acción del CDE.
No obstante lo anterior, la querella señala que ello no fue impedimento para que “los querellados, a sabiendas que existían tasaciones de los inmuebles por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieran insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia el dolo en su actuar”.
En su acción, el CDE también imputa responsabilidad en el perjuicio fiscal al representante de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, en cuanto éste, de acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, habría solicitado y pagado los informes de tasación cuestionados por la Contraloría Regional, firmado la carta de oferta de venta de los terrenos y retirado desde la Notaría los vale vista con que fueron cancelados, siendo –en definitiva- el receptor de la millonaria cifra pagada.
Además, la acción interpuesta señala que el detrimento al patrimonio fiscal es producto “de un incumplimiento malicioso de los deberes funcionarios de los querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación de casi $10 mil millones sino que, actuando en contra del mérito de los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente toma de razón por parte del Órgano de control”. Todo ello, “en clara contravención al principio que rige la Administración Pública, en orden a la obligación funcionaria de resguardar el patrimonio fiscal”, subraya la querella.
