Fuerzas Especiales de Carabineros (referencial) | Agencia Uno.
Según reveló una investigación periodística, son 77 personas las que están encarceladas en el país imputadas por delitos asociados al estallido social, 51 corresponden a prisión preventiva y 26 están cumpliendo condenas.
Al menos 77 personas se encuentran en prisión por causas asociadas a las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019, conocidas también como «estallido social», de las cuales 51 se encuentran en prisión preventiva. Algunas cumplen casi dos años con esta medida cautelar.
Así lo reveló una investigación de Ciper, que se publica mientras en el Congreso se discute un proyecto de Ley de Indulto General, el cual busca beneficiar a todas aquellas personas que hayan sido imputadas por una serie de delitos. De momento, la propuesta legislativa toma en cuenta los hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.
De igual forma, cada vez son más recurrentes las manifestaciones de familiares de los denominados presos de la revuelta social, quienes exigen la liberación de aquellas personas que aún se encuentran encarceladas.
En este contexto, el citado medio accedió a distintas fuentes, como registros internos de Gendarmería y de los juzgados, con lo que pudieron concluir que son 77 personas las que están encarceladas en el país imputadas por delitos asociados al estallido social, 51 corresponden a prisión preventiva y 26 están cumpliendo condenas.
A nivel regional, 43 presos se encuentran en la Región Metropolitana, 12 en Tarapacá, 7 en Antofagasta, 4 en Valparaíso, 3 en El Maule y 2 en Los Lagos, mientras que Biobío, Arica y Parinacota, Magallanes; Atacama, Coquimbo y Los Ríos cuentan con un preso cada una. Solo dos personas corresponderían a mujeres.
Así, el perfil de las personas detenidas correspondería a hombres jóvenes, de barrios populares y acusados por su presunta participación de protestas violentas.
En cuanto a la persona que lleva mayor cantidad de tiempo en prisión preventiva, se trata de un hombre de 30 años que se encuentra en Santiago 1 desde el 23 de octubre de 2019. Ha estado preso 651 días acusado de lanzar una bomba molotov a una comisaría de San Miguel. En junio pasado fue condenado a tres años de cárcel, pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, por lo que deberá permanecer preso hasta que se sepa el veredicto.
Según la investigación de Ciper, el delito que más es invocado por parte del Ministerio Público corresponde a la preparación y lanzamiento de bomba molotov en contra de funcionarios de Carabineros. Son 44 las personas apresadas por este delito, mientras que 18 están investigadas por desórdenes públicos y 13 por el delito de incendio. Le siguen robo en lugar no habitado, con 10 personas imputadas, así como asociación ilícita y homicidio frustrado, con 9 personas presas por cada uno.
Una de las razones que explicaría que la mayoría de los presos se encuentren acusados por la confeccionar y lanzar bombas molotov es el aumento de penas que tuvo este ilícito con la modificación de la Ley de Control de Armas en 2015.
En cuanto a la ley antibarricadas, según esta recogida de datos, son cinco las personas imputadas y presas al respecto. Entre ellas se encuentra un joven de 21 años en Punta Arenas, quien tras ser condenado incumplió su pena sustitutiva de arresto domiciliario nocturno, en mayo pasado.
El médico Roberto Bermúdez es parte de un grupo que visita a los presos de la revuelta social en Santiago 1. En conversación con Ciper sostuvo que las condiciones de los detenidos «son bastante paupérrimas».
«Nos ha tocado ver personas con fracturas que no los han operado, personas con diabetes que no los han controlado (…). Otras situaciones han tenido que ver con temas de salud mental muy serios, que tampoco han sido atendidos. . Y, algo que también es grave, es que siendo población vulnerable le deberían haber puesto la segunda dosis de vacunación en julio y aún no lo hacen. No están protegidos del Covid y con una situación de hacinamiento brutal», afirmó.
En cuanto a la salud mental de los presos, Bermúdez explicó que «ha habido bastante tensión, porque al no existir una prisión política organizada, como se vio en décadas anteriores, cuando ellos llegaron tuvieron que enfrentarse a los códigos carcelarios sin ningún tipo de organización. Por lo tanto, al principio fue bastante más duro. Hoy, como están más organizados, la relación es más distinta, de mayor respeto, pero siempre tensa».
Otras personas que defienden a los detenidos explican que una de las razones para que se extiendan las prisiones preventivas corresponden a las demoras en los peritajes. «En el caso de bombas molotov, los peritajes de Carabineros se han demorado en promedio más de seis y siete meses, y eso es muy alto. Ellos se escudan en que tienen mucho trabajo, pero es un proceso donde las muestras se hacen el mismo día y se pueden elaborar en menos de una semana», explicó el abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular.
Mientras que la abogada Karina Ibarra, de Antofagasta, explicó que «el tiempo para tomar declaración de testigos era eterno durante todo el año pasado. Y esos testigos eran esenciales o determinantes para corroborar que la persona imputada era rescatista o no se encontraba en el lugar. Y ahí existe como una mala voluntad del Ministerio Público de no agilizar las cosas».
