Niñez migrante en Chile (referencial) | Agencia Uno
Mediante este informe, la campaña busca demostrar que, a raíz de las obligaciones internacionales contraídas por el país, particularmente de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, a la vez por los principios de la Constitución y por las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, es un deber del Estado proceder a la regularización migratoria de los NNA que hubieren ingresado irregularmente al país. “El Estado de Chile ha demostrado una gran deficiencia en la transmisión de información, transparencia y atención a las comunidades inmigrantes para que estas conozcan cuáles son sus derechos, pero también en la identificación de necesidades de protección especial y apoyo en procesos de reunificación familiar”, analizan los autores del estudio.
Los resultados del informe “Niñez migrante y sus derechos en contexto de ingreso irregular” dan cuenta de la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) inmigrantes con ingreso irregular en Chile, evidenciando la ineficiencia de las políticas públicas atingentes en el país y la necesidad de su regularización.
De acuerdo con el estudio, elaborado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, en conjunto con la Corporación Colectivo Sin Fronteras en el marco de la campaña “Por una Niñez con Derechos Sin Fronteras”, la normativa vigente en Chile relativa a personas migrantes, no está acorde a los estándares de respeto a los Derechos Humanos que el país debe resguardar.
El informe se basa en 603 entrevistas telefónicas relacionadas con el mismo número de niños, niñas y adolescentes, bajo la responsabilidad de 373 personas adultas entrevistadas, que fueron contactadas entre los meses de mayo y julio del año 2021.
Los hallazgos derivados del proceso de investigación están destinados a contribuir en el reconocimiento de la necesidad de protección de los NNA en situación de migración irregular y sus familias, exigiendo a su vez la respuesta de quienes cumplen el rol de garantes de derechos.
Según sus resultados, más de la mitad de los NNA se concentra en las regiones urbanas populares del área metropolitana de Santiago (49,7%) y Valparaíso (7%). El segundo grupo con la mayor proporción se concentra en las regiones fronterizas con Bolivia y Perú (15,1%): Arica y Parinacota (5,1%), Antofagasta (5,7%) y Tarapacá (4,3%).
Respecto a su nacionalidad, 475 personas son provenientes de Venezuela (78,8%), el 21,2% restante está conformado predominantemente por NNA de nacionalidad peruana, con 51 casos que representan el 8,5% y de nacionalidad boliviana, con 26 personas que suponen el 4,3%.
La nacionalidad del resto de los NNA cuyos casos han sido analizados, se distribuye entre 15 personas de nacionalidad colombiana (2,5%), 11 dominicanas (1,8%), 10 ecuatorianas (1,7%), siete de nacionalidad cubana (1,2%), dos de nacionalidad brasileña (0,3%) y una haitiana (0,2%); con cuatro casos en que la nacionalidad no ha podido ser determinada a través de la entrevista (0,9%). Salvo la niña de Haití, los datos reflejan la predominancia del español como idioma materno de los NNA migrantes.
De acuerdo a los autores del informe, un aspecto relevante descubierto gracias al estudio es la juventud de las madres, padres y adultos responsables de los NNA migrantes con otras relaciones de parentesco, con el límite inferior en los 19 años y el superior en los 63, con una edad promedio de 33,14 años y una edad mediana situada en los 33 años.
Este es un importante aspecto para el estudio, ya que “si se les incluyera en el proceso de regularización, podrían contribuir al desarrollo económico del país, a través de su incorporación al mercado laboral en condiciones formales resguardándose sus derechos laborales y aportando la previsión social y de salud correspondientes”, observan.
Además, 72,8% de los niños y niñas tienen menos de 12 años, y 27% de los casos analizados guardan relación con adolescentes entre los 12 y los 17 años, con 0,2% correspondiente con un caso de una adulta de 18 años de edad o más.
“Las niñas menores de 12 años representan la mayoría del grupo estudiado”, detallan desde la Coordinadora, lo cual “da cuenta de un grupo altamente vulnerable por su condición migratoria, edad y género, lo que hace más urgente la intervención en materia de resguardo de sus derechos”.
Sobre sus padres o adultos acompañantes, 379 son madres (83,3%) y 55 son padres (12,1%). 95,4% de los NNA analizados para el informe son hijas o hijos, 1,8% son nietas o nietos, 1% hermanas y hermanos, 1,3% son sobrinas o sobrinos, y 0,5% son hijastras o hijastros.
Respecto a las motivaciones para emprender el proceso migratorio, por vez mencionada durante las entrevistas, en 39,3% de los casos los adultos responsables de los NNA argumentaron que la situación económica en sus países de origen los impulsaron a emigrar. A continuación se sitúan la situación de salud y la situación educativa, con un 20% y un 17,1% del total de menciones, respectivamente.
8,7 puntos porcentuales (pp) por debajo, está la inseguridad ciudadana como el cuarto problema nacional que deviene en razón para decidir emigrar. Finalmente, la persecución política (6,1%), la situación política a nivel nacional en el país de origen (3,5%) y el reencuentro familiar (2,3%), cierran el grupo de razones que concentran el 96,8% del total de menciones por parte de las y los entrevistados.
En relación al acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes, los resultados del informe dan cuenta de “distintas condiciones de alta vulnerabilidad”, según sus autores, considerando que la mayor parte de ellos no está inscrito en ningún Centro de Salud Familiar (Cesfam), no contando con previsión de salud (51,74%).
Al respecto, 11.44% padece de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas agudas o presentan algún tipo de discapacidad, siendo el asma la enfermedad más prevaleciente entre ellas, con 54,4% de los casos. Así también, 29.52% de los NNA requieren en la actualidad de tratamientos médicos, 26% dispone de algún informe médico que da cuenta de su estado de salud, y 5% necesita alguna intervención quirúrgica.
Desde que llegaron a Chile, arguyen que 57% no ha tenido apoyo en el ámbito de salud; de quienes sí lo han recibido (43%), este se ha dado mayoritariamente, desde los Cesfam (73,7%). Por otra parte, a nivel de salud mental, un porcentaje muy menor (8%) de los NNA ha recibido algún tipo de atención psicológica, la que en su mayoría, ha procedido desde redes de atención pública, principalmente de los establecimientos educativos (51,1%), seguido de los Cesfam (34%).
Para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, estos resultados reflejan una “severa vulnerabilidad configurada principalmente por la mayoritaria exclusión del sistema de salud, exclusión que se genera pese a la vigencia de la normativa existente para el resguardo del acceso al sistema de salud pública de NNA migrantes y de sus familias”.
Sobre el nivel educacional de los niños, niñas y adolescentes, solo 72% de ellos y ellas se encuentran con matrícula en algún establecimiento educacional. Incluso, entre los menores de siete años, la matrícula no alcanza a la mitad de ellos (45%).
La causa principal de no encontrarse inscritos en establecimientos educacionales es no tener vacante (26,3%), seguido de quienes aún no habían buscado matrícula (13,2%) y no tenían información o el niño(a) tenía menos de seis años (11,4%). Respecto a su certificación de estudios, 31,8% cuenta con el documento original y válido para su país, y un porcentaje muy menor cuenta con sus certificados legalizados (4%), teniendo a casi otro tercio de ellos (27%) que no dispone de certificado de estudios.
Según demuestran estas cifras, “continúan persistiendo las problemáticas educativas que aluden a las diferentes barreras para la inclusión educativa: un débil sistema educativo y dificultades de inserción escolar en la educación pública y falta de acceso a la información”.
Finalmente, frente a estos resultados, los autores del estudio aseguran que las comunidades inmigrantes “continúan siendo un sector de la población que tradicionalmente ha sido invisibilizado de manera sistemática a nivel normativo, como por las políticas públicas y sistemas de protección social”.
“Contrario a ello, la ampliación y universalización de los sistemas de protección social a través de las Agendas, Pactos y Tratados Internacionales y Multilaterales, suponen el atender las necesidades específicas de todos los segmentos poblacionales, asegurando los niveles básicos y universales en cuanto a bienestar y goce de derechos, situación que no ocurre con una parte importante de la población migrante en Chile”, aseguran.
Respecto a esta desigualdad social, los ejes que la estructuran se determinan por su condición migratoria irregular, el carácter cuasi forzado o involuntario de sus migraciones, enmarcadas en motivaciones que se suponen primordiales para garantizar la subsistencia.
“El Estado de Chile ha demostrado una gran deficiencia en la transmisión de información, transparencia y atención a las comunidades inmigrantes para que eestas conozcan cuáles son sus derechos, pero también en la identificación de necesidades de protección especial y apoyo en procesos de reunificación familiar”, añaden.
Mediante este informe, la campaña busca demostrar que, a raíz de las obligaciones internacionales contraídas por el país, particularmente de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, a la vez por los principios de la Constitución y por las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, es un deber del Estado proceder a la regularización migratoria de los NNA que hubieren ingresado irregularmente al país.
