Docentes de la UPLA en paro: Acusan tratos desiguales e incumplimientos de la Universidad

Dos años después del último paro docente de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), sus académicos denuncian que la autoridad universitaria no ha cumplido con los compromisos adquiridos, por lo cual decidieron paralizar sus funciones indefinidamente, afectando, lamentaron, a los más de 7 mil estudiantes de la Institución.

Entre los compromisos incumplidos por rectoría, se incluye el traspaso de contrata a planta, que afecta a más del 90% de los profesores que tienen un contrato a plazo fijo, pese a que algunos llegan a más de 30 años de antigüedad en la Institución, según informaron a El Desconcierto.

Así también, manifiestan que a pesar de que los altos mandos aseguran que han trabajado en estas demandas, los decretos emanados de la autoridad universitaria han sido “sistemáticamente observados” por Contraloría.

Por otro lado, acusan que el equipo jurídico de la Universidad –que consta de ocho abogados con una planilla de sueldos de $20 millones brutos, según datos de transparencia del plantel– no ha logrado concluir el proceso, provocando que la Asociación de Funcionarios Académicos (AFA) decidiera contratar un abogado particular, con cargo a los mismos docentes a través de la asociación gremial, para supervisar la elaboración y revisión del acto administrativo que materialice el trámite.

Los profesores relevan que, en promedio, los académicos de la institución llevan más de 10 años esperando su paso a la planta. “Esto nos ha afectado concretamente en tres ejes: la pérdida de asignación a la docencia complementaria (reconocimiento de horas extras), la eliminación del pago del incentivo a las publicaciones y la imposibilidad de contar con horas para investigar, debido a la enorme sobrecarga docente con cursos cada vez más numerosos, carreras nuevas y duplicidad de funciones”, explica Luis Espinoza, presidente de la AFA.

A este incumplimiento, se suma la existencia de un sistema de jerarquización académica que los profesores consideran “discrecional”, y la “imposición” de un modelo de investigación que sería, según los dirigentes, elitista y segregador.

Este modelo “incide en la existencia de dos castas académicas con condiciones contractuales y salariales completamente distintas; por un lado hay un grupo minoritario de académicos contratado exclusivamente para investigar, cuya remuneración llega al doble que la de sus colegas, es decir, tienen el sueldo de un titular grado 1 sin haber pasado por ningún proceso de jerarquización”, denuncia Patricia González, secretaria de la AFA.

Además, González explicita que son estos los profesionales a quienes la institución destina la mayor parte de los recursos para desarrollar investigación. “Por otro lado el 95% de los académicos y académicas que nos desempeñamos en las facultades, hacemos docencia, hacemos investigación –de hecho el 75% de las publicaciones de la Universidad provienen de nosotros–, además nos desempeñamos en gestión y vinculación con el medio, hemos pasado por todos los procesos de evaluación y, sin embargo, estamos en condiciones de total desigualdad”, concluye.

Para retornar a las actividades académicas, la AFA exige el paso inmediato a la planta; la implementación del nuevo sistema de jerarquización docente; y las renuncias del vicerrector y la directora general de investigación, quienes no son considerados interlocutores válidos por el profesorado.

“Son ellos los responsables de que la Institución no pueda incluir la dimensión de Investigación y Postgrado en este proceso de acreditación, objetivo que precisamente persiguió la instalación del modelo de investigación vigente. Ello incide directamente en el ranking de la Universidad, que afecta la entrega de recursos que ingresan al plantel”, sostiene por otro lado Grasse Pavez, directora de la asociación gremial.

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