Piden citar a declarar a Piñera para aclarar si ordenó mantener presos a 13 primera línea

En medio de las indagatorias judiciales en curso derivadas del estallido social, la última semana de agosto Fernando Leal, uno de los abogados querellantes, solicitó al fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, que pida el testimonio del Ejecutivo respecto de una eventual intromisión para evitar que 13 primera línea detenidos, quedaran en libertad.

De acuerdo a lo que publica este jueves el portal En Estrado, la petición se hizo en el contexto de la indagatoria por presunta prevaricación que lidera el Ministerio Público y que involucra a un grupo de ministros de la Corte de Santiago y a una magistrada de la Corte Suprema.

«Se cite a declarar al Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, a objeto que declare si dio alguna instrucción u orden a algún integrante de su gobierno para que se llamara o tomara contacto con el Poder Judicial, con la finalidad de mantener privados de libertad a manifestantes del estallido social”, se lee en la nota citada alusiva al trámite.

El caso

Respecto de los hechos, todo comenzó luego de una querella que presentó la psicóloga Olga Torres alusiva a los magistrados que decidieron en un Pleno del tribunal de alzada de Santiago, en marzo del año pasado, revertir por vía administrativa la sentencia del juez Daniel Urrutia, quien cambió la prisión preventiva de 13 imputados por desórdenes de la primera línea por arresto domiciliario. Lo anterior, entendiendo el contexto de la crisis sanitaria y atendiendo razones humanitarias.

Adicionalmente, el abogado pidió el testimonio del ministro de Justicia, Hernán Larraín. “A objeto que declare si dio alguna instrucción u orden a algún integrante de su Ministerio o de algún Servicio dependiente, o si realizó llamados o envió mensajes para que se tomara contacto con miembros del Poder Judicial, con la finalidad de mantener privados de libertad a manifestantes del estallido social”, argumenta Leal.

El tema de los eventuales contactos está en la palestra desde el inicio de la investigación. De acuerdo a un artículo de Biobio.cl, el fiscal Vega habría acogido realizar al menos dos solicitudes: obtener la nómina de teléfonos de los magistrados vinculados al caso y su tráfico de llamadas.

Por su parte, la Defensoría, que representa a los jueces, pidió al tribunal que cualquier medida intrusiva decretada se discuta en una audiencia previa donde se expongan los argumentos, debiendo autorizarla un juez. Paralelamente, los jueces invocaron su derecho a guardar silencio.

Versión del relator podría ser reveladora

En cuanto a la diligencia donde se revirtió el fallo, Leal pidió que se llame a declarar al relator presente en ella para que transparente las circunstancias en que se generó esa reunión extraordinaria y si hubo llamados o mensajes de algún representante de otro poder del Estado.

Adicionalmente, el abogado solicita que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores consulten al Sistema Interamericano de DD.HH. respecto de la decisión de mantener en prisión preventiva a los 13 imputados pertenecientes a la Primera Línea. Lo anterior, para que se establezca “si se violaron o no los Derecho Humanos de tales personas y del juez Daniel Urrutia, y si tal actuación es o no inconvencional”.

Alejandro Madrid remite antecedentes a otro juzgado

Considerando que 27 jueces del Séptimo y Segundo juzgados de garantía declararon su inhabilidad para hacerse cargo de la tramitación, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, remitió los antecedentes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Este tribunal previamente ya había rechazado la tramitación tras la derivación del Séptimo Juzgado de Garantía asumiendo que debía ser la oficina Coordinadora del Centro de Justicia la que debía realizar esa derivación. Lo anterior llevó a que este organismo consultara a los magistrados del Segundo Juzgado, que se inhabilitaron.

En consecuencia, el asunto tuvo que resolverlo Alejandro Madrid. “Atendido lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, procédase a la subrogación legal en conformidad con las normas aludidas, pasando el asunto de que se trata al conocimiento del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”, se lee en la resolución.

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