Familiares de presos del estallido se reúnen con Abbott y acuerdan trabajo colaborativo

Este jueves, un grupo de familiares de presos del estallido social, se reunió con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con el objetivo de conversar y analizar las problemáticas que existen en torno a quienes están en prisión a partir del estallido social de nuestro país, que este 18 de octubre conmemora su segundo aniversario.

Respecto a la cita, un comunicado emanado de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta y de la vocería del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta asegura que Abbott reconoce la falta de mecanismos para determinar las cifras exactas de presos y presas de la revuelta que existen actualmente en el país.

De hecho, se lee en el escrito, que «a partir de este encuentro, se acordó un trabajo en conjunto para obtener un catastro unificado con el fin de entregar al Congreso números que complementen el debate del proyecto de Ley del Indulto General».

Para Jaime Fuentes, abogado de una de las agrupaciones de presos involucrado en esta actividad, la instancia responde a “una reunión que se concreta luego de casi dos años esperando ser recibidos por el Fiscal Abbott. Creemos esencial que existan estas instancias donde puedan ser escuchados los testimonios de los familiares de las irregularidades de los procesos, la extensión de las prisiones preventivas, como así mismo reconocer desde la institucionalidad que no se tienen las capacidades técnicas para elaborar un catastro adecuado de los presos y presas políticas de la revuelta y que, por lo tanto, corresponde realizar gestiones al respecto”.

Denuncias de ilícitos contra Carabineros, otra arista a trabajar  

En otro ámbito, agrega el comunicado, abordaron el compromiso de avanzar en materias de investigación en las querellas a funcionarios policiales, especialmente en delitos de tortura contra manifestantes en este mismo contexto.

No obstante lo anterior, para Fuentes todavía queda mucho camino por recorrer, por ejemplo en materia de «persecución de funcionarios que han dificultado el acceso a la justicia entregando testimonios falsos a la Fiscalía o adulterando pruebas en distintos casos que surgen después del estallido social del 18 de octubre del 2019, ya que por estas pruebas entregadas por las cuestionadas instituciones se mantiene a personas bajo prisión preventiva hasta el día de hoy».

Paola Palomera, madre de Nicolás Piña, uno de los presos del estallido evidenció su satisfacción tras el encuentro. “Me parece satisfactoria la reunión con el señor Abbott porque de una u otra forma nos estamos entendiendo. Nos están escuchando, sobre todo con los petitorios que tenemos como familias”, aseguró.

Adicionalmente, agregó que en la reunión con Abbott «quedó establecido que le mandáramos la respectiva información para que esto avance. Desde ese punto de vista, quedamos muy contentos».

Por último, en cuanto al trabajo, se plantearon dos grandes líneas de acción:

1) Revisión de cifras con Fiscalía, tanto en cuanto a la prisión preventiva como arresto domiciliario

2) Revisión de situaciones en las que no se justifica la prisión preventiva y/o prisión preventiva excesivas, casos en que existen querellas por tortura y aquellos en que hay pruebas y declaraciones falsas de Carabineros.

Escepticismo desde colectivo de presos de la revuelta

Por último, desde la vocería del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, evidencian cautela frente a reunión. «Por mi parte, considero que debemos estar atentos a si esto se concreta y si realmente se ven avances en la línea de dar solución a las prisiones preventivas extendidas, así como la revisión de la calidad de las pruebas y veracidad de los testimonios que se utilizan para levantar cargos contra los jóvenes», asegura la sicóloga y coordinadora del colectivo, Raquel Torres, sobre el encuentro con Abbott.

«Esta reunión se da cuando se van a cumplir casi dos años en algunos casos de prisión preventiva o arresto domiciliario total. El daño que causa el Estado y sus instituciones con estas políticas es irreparable», conluye.