Fiscalía entrega informe ante comisión revisora de acusación constitucional contra Piñera

Este martes fue la primera sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera de manera telemática y presencial en la Cámara de Diputados. En la instancia el Ministerio Público presentó un informe en que expuso los principales motivos que llevaron a la institución persecutora a abrir nuevas investigaciones contra el mandatario.

La intervención de la Fiscalía se dio pese a que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, anunció después de ser invitado a la instancia revisora que no asistiría «dado que la mencionada investigación se encuentra a cargo de una fiscal regional quien actúa autónomamente en uso de sus atribuciones», en referencia a la persecutora Paula Perivancich, fiscal regional de Valparaíso.

Las indagatorias fueron anunciadas por Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, luego de que la investigación periodística Pandora Papers reveló un contrato de compraventa de la Minera Dominga firmado en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, entre sociedades  de la familia de Piñera y Carlos Alberto Délano en 2010.

Este acuerdo determinó una millonaria cláusula que favorecería en US$ 10 millones a los Piñera-Morel en caso de que no se aplicaran restricciones medioambientales en la zona del proyecto minero-portuario, decisión que pudo haber sido tomada por el mandatario durante su gobierno.

El informe de 25 páginas firmado por Marta Herrera presentado en la Cámara de Diputados detalló, de acuerdo a la copia del texto que publicó íntegramente T13, que los nuevos antecedentes revelados no estuvieron comprendidos en las investigaciones que ya llevó a cabo la Fiscalía relacionadas al caso Exalmar, considerando que la defensa pública de Piñera y sus ministros fue que las Justicia en diversas instancias ya lo había sobreseído.

Sin embargo, el Ministerio Público explicó que las nuevas revelaciones «no están comprendidos dentro de aquellos hechos que fueron sobreseídos definitivamente, pues apuntan a la venta, en un paraíso fiscal, del proyecto Dominga por parte de las empresas vinculadas al presidente Piñera al conglomerado de su amigo Carlos Délano».

Con esto la Fiscalía rebatió otro de los argumentos usados por la defensa de Sebastián Piñera, que apuntan a «la cosa juzgada», lo que se refiere a que el mandatario no podría ser procesado nuevamente por un hecho que ya fue investigado.

Ante esto el documento del Ministerio Público agregó:  «No resulta factible, a nuestro juicio, extender los categóricos efectos de una resolución judicial como ésta a cuestiones que no formaron parte del debate, pretensiones y contra pretensiones de los intervinientes, que es el único material respecto del cual la decisión jurisdiccional puede y debe recaer».

Las delitos investigados que hoy tiene al presidente Piñera en calidad de imputado también fueron expuestos en el texto entregado a la comisión revisora de la acusación constitucional: cohecho, soborno y delitos tributarios.