Este miércoles, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento del exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en el marco de la acusación en su contra por negociación incompatible durante su gestión. Fiscalía Oriente pedirá cuatro años de presidio.
El panorama del exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, se complicó este miércoles, luego de que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó su sobreseimiento, en el marco de la acusación por negociación incompatible durante su gestión.
De acuerdo a lo expuesto por Felipe Sepúlveda, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, “el Tribunal de Garantía había considerado que respecto a este delito se había verificado la institución de la prescripción por lo que se debía sobreseer la causa, sin embargo, se determinó que no había transcurrido el plazo y por ende no correspondía el sobreseimiento definitivo”.
En ese sentido, se anunció que ya se fijó la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral contra Sabat, la cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo del 2022. Fiscalía Oriente pedirá la pena de cuatro años de presidio.
Corte de Apelaciones acoge solicitud de @fiscaliaoriente y revoca sobreseimiento respecto de imputado Pedro Sabat: la causa continuará con la preparación de juicio oral por delito de negociación incompatible/ Investigación de Fiscalía de Ñuñoa pic.twitter.com/vodoIi89q0
— Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) December 14, 2021
La acusación contra Pedro Sabat
Cabe recordar que la investigación contra el exalcalde de Ñuñoa comenzó en 2013, cuando se detectaron pagos de honorarios por más de $15 millones a uno de los socios del hijo del alcalde, Alain Goffard.
Esto derivó en una acusación por negociación incompatible, la cual fue presentada por la Fiscalía Oriente en contra de Pedro Sabat.
Al otrora jefe comunal se le acusa de autorizar los pagos a Goffard, por un contrato con la empresa Saygo Spa.
Por ello, de acuerdo a Biobío, no sólo se solicitará la pena de cuatro años de cárcel, sino que además siete años de “inhabilitación absoluta temporal” para cargos públicos y una multa de 218 UTM ($10 millones aproximadamente).