Capredena reveló en 2017 que Lucía Hiriart recibía pensión de 3,1 millones de pesos

La viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, recibía hasta pocos años antes de fallecer la tarde de este jueves, a la edad 99 años, una pensión de $3,1 millones, según reveló en 2017 la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

El pago correspondía, según La Tercera, a la jubilación que la ex Primera Dama heredó tras la muerte de su esposo, bajo cuyo régimen unos 3.300 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos.

En el contexto del anuncio de la cifra, el diputado socialista Leonardo Soto denunció que Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador, también recibe hace décadas otra pensión por parte del Estado, como resultado de una supuesta dolencia adquirida durante su paso por el Ejército.

“La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) paga hace más de 35 años una pensión de inutilidad de segunda clase a Pinochet Hiriart. Se trata de una pensión que actualmente asciende a cerca de $900 mil mensuales y vitalicios, obtenida por dudosos medios en los ’70 después de la corta carrera militar de este personaje, de solo 11 años de servicio”, aseguró Soto a El Desconcierto en ese momento.

El parlamentario reveló que accedió a la información mediante un oficial en retiro que pidió mantener su identidad en reserva. “A la fecha, el hijo del dictador se ha embolsado solo por esta vía, en moneda actual, unos $400 millones a costa del patrimonio fiscal”, denunció.

La invalidez de segunda clase, que genera pensiones hasta 20% más altas que la última remuneración en actividad, es la derivada de accidentes o enfermedades profesionales de carácter permanente, la que además de imposibilitar la continuación en el servicio deja al individuo en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas.

“Es inaceptable que el hijo de Pinochet goce de un beneficio previsional que genera pensiones inalcanzables para la gran mayoría de los chilenos, en circunstancias de que todos conocemos su participación en distintos negocios y negociados durante las últimas décadas, actividades que a todas luces parecen ser incompatibles con la causal de inutilidad. Es realmente una vergüenza”, sentenció Soto.