Agrupaciones de DD.HH. pide libertad de presos de la revuelta por «urgencia ética»

Un importante grupo de defensores de los Derechos Humanos, publicaron un comunicado de prensa, abogando por la libertad de los presos de la revuelta, en la previa de la discusión de la Ley de Indulto en la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

En el texto, además, aprovechan de festejar “por la contundente derrota propinada por los pueblos de Chile, al candidato neofascista que en su campaña y programa, glorificaba  el  pinochetismo, relativizaba  los  derechos humanos, propiciaba medidas misóginas y xenófobas, criminalizaba la protesta social y la causa mapuche, y proponía profundizar el modelo neoliberal actual que sólo ha provocado grandes desigualdades sociales y una grosera concentración de la riqueza”.

“Ratificamos nuestra histórica posición de autonomía frente al Estado y a los gobiernos de turno, al mismo tiempo que valoramos las primeras declaraciones del presidente electo, en cuanto a la necesidad de avanzar en verdad  y justicia, evitando  la  Impunidad  de  los  crímenes  en  contra  de  los  derechos  humanos, cometidos  durante  la  dictadura  y  la  revuelta  social. Instamos  porque  estas declaraciones  de  intenciones  se  traduzcan  en  medidas  concretas  y  eficaces tendientes a la consecución de estos propósitos”, añaden.

En ese sentido, las agrupaciones expresan que “la Justicia, la debida Reparación y las Garantías de No Repetición, deben constituirse en una prioridad para el nuevo gobierno acorde con lo prescrito por las normas internacionales sobre derechos humanos vigentes, de cumplimiento obligatorio. No olvidamos, que después de 31 años de transición, 1.201 chilenos y chilenas tienen aún la condición de detenidos desaparecidos”.

Indulto a los presos del estallido

Además, y en la previa de la discusión en el Senado este miércoles de la Ley de Indulto, el comunicado asegura que “la libertad de los presos de la revuelta constituye una urgencia ética y política, de primer orden. Desde ya, el presidente electo puede adoptar medidas para que el Proyecto de Ley sobre Indulto General avance en su tramitación legislativa, hoy estancada irresponsablemente en el Senado”. 

“En paralelo, el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, y una declaración suya instando al Ministerio Público y al Poder Judicial a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privados de libertad a 70 niños y jóvenes manifestantes, aplicando la normativa internacional de derechos humanos que consagra la presunción de inocencia y establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general, contribuiría sustancialmente al cumplimiento de este urgente propósito”, continúan.

Finalmente, las agrupaciones de defensa a los DD.HH. expresaron que “reiteramos nuestro propósito de incidir en el debate público para que la Convención  Constitucional recoja las demandas mayoritarias  expresadas durante la revuelta social, y por tanto, tenga como marco referencial obligatorio al momento  de redactar  el nuevo  texto,  el  respeto y garantía  de  los  derechos humanos, única forma de avanzar hacia el  establecimiento de una  sociedad democrática verdadera y una Paz social fundada en la Justicia”.