Gremios cuestionan avance de nacionalización del cobre en la Convención: «Es una barbaridad»

La industria minera reaccionó con insatisfacción al trabajo de la Convención Constitucional, específicamente a la aprobación en general de una iniciativa de norma cuyo objetivo es la nacionalización de la minería del cobre, litio y otros minerales.

Respecto de la votación, corresponde al trabajo de este martes y asume la necesidad de “nueva gestión social y ambiental” del cobre, el litio y otros bienes, una iniciativa que presentó la convencional Ivanna Olivares, de la exLista del Pueblo. El resultado de su aprobación en general, se generó luego de sumar por 13 votos a favor y seis de rechazo.

En cuanto al impacto en el sector, uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien de acuerdo a una publicación del Diario Financiero, manifestó su preocupación ante el avance de la norma en el órgano liderado por María Elisa Quinteros. «Es una barbaridad con claros y evidentes errores jurídicos», sostuvo.

A su juicio, se está aprobando nacionalizar el cobre, un metal que es del Estado chileno. En consecuencia, dijo, «esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras», cuestionó.

Posteriormente, apuntó a los argumentos esgrimidos para justificar la normativa, cuestionando que «no se pondera el impacto de una medida de esta naturaleza (…) Se pretende que, a través de una nacionalización, se maneje el precio del cobre. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta».

«Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía»

En el análisis del dirigente, Chile suscribió tratados internacionales que no se pueden desconocer. «Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales», advirtió.

Y agregó que esto implicará, además, «pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica».

Paralelamente, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, admitió que lamenta que algunos integrantes de la comisión que aprobó la norma en primera instancia, «desconozcan derechos adquiridos, se extralimiten abiertamente en sus atribuciones e incluso desconozcan ingenuamente el principio de la realidad».

«La destemplanza y frecuencia que están teniendo estas ‘aprobaciones generales’, están generando una incertidumbre que excede con creces la que existe naturalmente en un proceso constituyente», agregó.

Finalmente, relevó el éxito de la minería chilena, apuntando a que este se explica por tratarse de un sistema mixto. Y ante la eventualidad de que se implementen cambios a la industria a nivel constitucional, aseguró que su expectativa es que estos tengan una mirada de largo plazo, además de que se «regulen de manera eficiente y equitativa».