Ley Fármacos 2: Farmacias independientes se querellan contra asesora por cohecho y soborno

La Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI), representada por el ex fiscal Carlos Gajardo, presentó este martes una querella por cohecho y soborno contra quien resulte responsable ante un posible nuevo caso de tráfico de influencias en la política chilena. Esta vez, en el marco de la tramitación legislativa del Proyecto de Ley Fármacos 2.

Según informó la AFFI a través de un comunicado, con esta acción apuntan a la abogada Andrea Martones, acusando que mientras actuaba como asesora ad honorem de algunos senadores de oposición, habría recibido pagos por $16.019.300, reconocidos por parte de la Cámara de Innovación Farmacéutica, gremio que agrupa a 24 laboratorios internacionales.

“La Comisión Mixta de Salud, si bien tomo conocimiento que la asesora legislativa había recibido pagos por una parte interesada del proyecto, decidió continuar con la discusión de este, lo que a nuestro juicio resulta inaceptable ya que existe un evidente conflicto de interés. Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo. Es por ello que presentamos esta querella ya que no es posible que hechos tan graves como estos se normalicen, así como si nada”, señaló Hector Rojas, presidente de la AFFI.

Desde la Asociación de Farmacias Independientes, que agrupa a 300 farmacias a lo largo del país, informaron que decidieron emprender esta acción pues, según aseguran, el proyecto Fármacos 2 en su redacción y articulado beneficia a una parte de la cadena de valor de los medicamentos, concretamente a los laboratorios.

“Sentencia de muerte” para farmacias independientes

“Esta regulación impone a las farmacias regulaciones sin sentido, sin beneficio para los consumidores, y lo peor constituye la sentencia de muerte para las farmacias independientes. No podemos vender barato lo que seguiremos comprando caro. Nos parece que la salud de todos los chilenos merece una iniciativa legal transparente y que esté exenta de intereses y pagos ocultos en su diseño. Estamos a favor de una buena legislación, pero en la que no exista protección de intereses de los laboratorios internacionales”, expresó Rojas.

Según la querella presentada por el gremio, si bien durante el 2021 la Comisión Mixta celebró sólo ocho sesiones a lo largo del año -de ellas tres fueron en enero, una en febrero, una en abril, y tres en julio- en cuanto al 2022 en sólo 16 días celebraron seis sesiones (los días 11, 17, 24, 25, 26 y 27 de enero). Para el gremio, esto guarda relación con el descubrimiento de los pagos realizados a la abogada Martones.

“Hay antecedentes suficientes para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto. Pese a que la Comisión Mixta conoció estos hechos, curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar una investigación más acuciosa antes de continuar. Este tipo de sombras es las que queremos esclarecer con esta querella por cohecho contra quien resulte responsable”, aseguró Carlos Gajardo, quien patrocina la querella y la investigación de lo ocurrido en el marco de la Comisión Mixta.

Según la acción, el delito se podría configurar porque la asesora parlamentaria se habría encontrado ejerciendo una “función pública” al tramitar Fármacos 2, y la Convención Interamericana contra la Corrupción define a la Función pública como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

“Es sumamente grave que este hecho no haya sido declarado al momento en que esta asesora participó en el articulado del proyecto e indicaciones ya que lo prudente y ético hubiese sido declarar que en su calidad de experta asesoró a algunos laboratorios y abstenerse de una función pública como lo es la discusión del proyecto, ya que su mandante, los laboratorios, son parte interesada en el proyecto en trámite”, concluye Gajardo.

La querella por cohecho y soborno, presentada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, solicita a éste el envío de los antecedentes al Ministerio Público y una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), entre otras diligencias, para esclarecer los hechos en torno a la tramitación del proyecto Fármacos 2.