Informe: Explotación sexual de menores es reiterada y de larga data en recintos del Estado

La comisión investigadora sobre abusos a menores de edad, de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el martes su informe de conclusiones y propuestas, donde se revela, entre otras cosas, que la situación de abuso y explotación sexual de menores bajo la protección del Estado es reiterada y de larga data.

Luego de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión logró un consenso amplio respecto a las falencias detectadas. Además, se incluyeron tanto conclusiones y recomendaciones de parlamentarios de oposición y del oficialismo, las que fueron respaldadas en forma unánime (6 votos).

En detalle, y según destaca la Cámara Baja, el informe reconoce que niños, niñas y adolescentes (NNA) pertenecientes a residencias de protección del Estado sufrieron diversas vulneraciones. En tal contexto, se constata incapacidad estatal en materia de restitución de derechos.

En la misma línea, el informe concluye que en los Tribunales de Familia no ha existido seguimiento exhaustivo de las causas más graves que involucrarían a NNA, incluso con riesgo vital. Y a nivel de reparación, reconoce la falta de cobertura, por parte del programa MiAbogado. Lo anterior, evidenciado en la forma de abordar los abandonos de las residencias.

El texto revisado por la comisión especializada sostiene que las situaciones de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado no han sido aisladas, ni nuevas. Más bien, son reiteradas y de larga data en el sistema.

De este modo, las y los parlamentarios concluyen que uno de los principales hallazgos es la falta de políticas y programas o acciones de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Estas deberían estar destinadas tanto para el conjunto de la población, como para los grupos de mayor riesgo, sostiene el informe.

Así también, constata que en las residencias no cuentan con las orientaciones técnicas, personal, programas especializados y el trabajo en red para abordar esta problemática. Ante esta situación, no existe coordinación ni priorización entre los actores institucionales para accionar cuando las víctimas han sido capturadas por las redes de explotación sexual.

Por otro lado, en el texto se señala que que existen patrones de funcionamiento similares en las redes de explotación sexual comercial en residencias. En detalle, estas se orientan, principalmente, a niñas y mujeres adolescentes con abandono reiterado del centro.

Ausencia del Ministerio Público

Para la comisión, existen problemas de enfoque en los Programas de Explotación Sexual (PEE) y de oferta programática para abordar la ESCNNA. La razón, indica el informe, es que su cantidad se ha mantenido estable en los últimos diez años, sumado al hecho que existe desigualdad entre regiones y no se cuenta con evaluaciones respecto de sus resultados. En la misma línea, se observó la diferencia de roles entre instituciones garantes de derechos y las que tienen un rol de fiscalización.

Durante la presentación del texto, la comisión informó que durante todo su funcionamiento y de otras comisiones relacionadas, el Ministerio Público no aceptó participar. “El Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), fuente primaria de datos del Ministerio Público, no permite obtener un registro específico que dé cuenta de si la víctima se encontraba bajo la protección del Estado al momento de su victimización”, se resaltó en el informe, dando cuenta de la respuesta de la institución.

Frente a esto, plantea que el rol de la Fiscalía es clave en la eliminación de las redes de ESCNNA, y se lamenta la falta de colaboración con el trabajo de esta instancia fiscalizadora. Igualmente, se estima que es un llamado de alerta respecto de la importancia de revisar la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Ministerio Público.

En materia de propuestas, las y los legisladores plantean comprender que la ESCNNA es un fenómeno altamente complejo, multicausal, asociado a factores económicos, sociales y culturales, reflejo de la estructura patriarcal y adultocéntrica de la sociedad.

Otras recomendaciones del informe son:

• Avanzar en intersectorialidad en todos sus niveles, desarrollando un lenguaje común para el análisis y abordaje del fenómeno del ESCNNA.
• Construir un trabajo colaborativo e intersectorial para la erradicación de la violencia sexual en el sistema residencial de cuidado alternativo.
• Diseñar un programa de “alerta temprana” y trabajo permanente con las redes locales.
• Acelerar la aprobación del proyecto de ley que elimina el concepto de prostitución infantil.
• Establecer que Mejor Niñez debe generar las condiciones que garanticen efectivamente el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes de su derecho a ser oídos y a denunciar los hechos de abuso sexual.
• Indica que el Poder Judicial, en conjunto con otras instituciones del Estado, debe promover la existencia de espacios de información para NNA víctimas de explotación sexual y otros tipos de delitos sexuales.
• Solicitar autonomía para el programa MiAbogado.