Oliva acusa a miembros de Comunes que la denuncian: «Recibieron financiamiento irregular»

Este lunes se conocieron los descargos de la expresidenta de Comunes, Karina Oliva, ante el proceso en su contra que la llevó a dejar su colectividad. En sus declaraciones ante el Tribunal Supremo del partido, la otrora candidata a senadora acusó una operación política en su contra y aseguró que militantes que la están cuestionado «recibieron financiamiento irregular».

El proceso en contra de Oliva inició después de que un reportaje de Ciper develara que, durante su campaña a la Cámara Alta por la Región Metropolitana, siete militantes de Comunes cercanos a Oliva recibieron en conjunto un total de $137 millones por participar en su campaña a la Gobernación de la Región Metropolitana, fondos que posteriormente fueron rendidos ante el Servicio Electoral (Servel).

Por esta situación, el Ministerio Público decidió iniciar un investigación de oficio ordenada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Posteriormente, Oliva presentó su renuncia al partido el pasado 8 de febrero.

A través de un documento de 10 páginas, la exmilitante de Comunes reitera que «todos los hechos que se me imputan son falsos» y opina que «es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses», informa un artículo de La Tercera.

Denuncias de financiamiento irregular

Por otro lado, respecto a un supuesto «montaje» y «operación política» en su contra, la expresidenta de Comunes apuntó a las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix como receptoras de «financiamiento irregular en sus campañas».

«Más aún cuando es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este Tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito», agregó.

Luego, Oliva expresa ante el Tribunal Supremo de Comunes que «todo lo anterior (ocurrió) en abierta contravención y vulneración ética y que, no obstante, ha sido pasado por alto por este órgano que en teoría debiese ser imparcial, pero en la práctica ha actuado como herramienta política del sector ya mencionado”.