Comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Allamand | Agencia Uno
Una decena de parlamentarios de diverso sectores acusó ante la Cámara la ausencia de Allamand en febrero pasado, en medio de una grave crisis migratoria en el norte del país, mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Sebastián Piñera.
La Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, actual titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), por un presunto abandono de deberes durante la crisis migratoria que sacudió al país los últimos meses del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Los hechos a los que se refiere la acusación ocurrieron en febrero pasado, cuando faltaba cerca de un mes para el fin del mandato de Piñera y Allamand se ausentó del país, en medio de una crisis migratoria. Días después renunció a su cargo de canciller para asumir la jefatura de la Segib.
Una comisión conformada por los diputados Cristián Labbé (UDI)Andrés Celis (RN), Jaime Araya (ind-PPD), Jorge Brito (RD) y la diputada Catalina Pérez (RD), elegidos por sorteo, escuchó la presentación de la acusación, que busca inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.
Una decena de parlamentarios de diverso sello político denunció al exsecretario de Estado. De acuerdo a ellos, el actual secretario general iberoamericano no estuvo presente cuando se discutían políticas claves para frenar el ingreso irregular de inmigrantes, que incluían una mesa de trabajo conjunta entre Chile y Bolivia.
«No estaba ni estaría en dichos encuentros ni participaría de ellos el ahora exministro, dejando de cumplir sus altas funciones en un momento clave y particularmente crítico de la realidad y la seguridad nacional», sostuvieron los denunciantes.
Uno de los puntos que marcó la primera sesión de la comisión revisor de la acusación constitucional contra Allamand fue la ausencia de la mayor parte de los invitados a exponer en la instancia.
Quienes participarían eran 14 alcaldes de las regiones del Norte Grande del país, sin embargo, solo se conectó el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien evidenció no estar al tanto de los objetivos de la cita.
«Me llego una citación a mí. Quiero partir diciendo que es primera vez que me citan a una reunión de esta naturaleza. No sé de qué se trata. Sé que es del tema de la acusación constitucional contra el señor Allamand, ex ministro de Estado. No sé qué tengo que hacer o decir acá«, fue la primera intervención del jefe comunal.
Los cuestionamientos comenzaron a cobrar fuerza luego de conocerse que, durante el periodo de crisis, Allamand se encontraba en España, donde sostuvo una reunión en calidad de secretario general iberoamericano electo con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares.
Desde la Cancillería informaron entonces que Allamand estaba haciendo uso de sus vacaciones y que retomaría tras ellas sus funciones.
Sin embargo, dos días después, el 6 de febrero, Allamand renunció a su cargo, cuando solo faltaba cerca de un mes para el fin del mandato de Piñera.
El día 8 del mismo mes asumió la titularidad de la Segib por un periodo de 4 años en reemplazo de la costarricense Rebeca Grynspan.
Allamand prefirió «una asunción anticipada de un puesto internacional por sobre los importantes y esenciales intereses de Chile«, asegura la denuncia.
En nuestro país, las autoridades de gobierno y altos funcionarios públicos pueden ser acusados constitucionalmente hasta seis meses después de dejar sus cargos, una fórmula que puede terminar en su destitución o en su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años.
A través de un comunicado, el abogado del titular de la Segib, Samuel Donoso, calificó el viernes de «jurídicamente forzado» el juicio político y apuntó a una «confusión grave» por parte de los acusadores.
«Lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores (…). Sin embargo, dicha causal no se encuentra establecida en la CRP (Constitución) respecto de los ministros de Estado», afirmó el defensor.
El juicio político es «un libelo jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión cómo y de qué forma habría comprometido el honor y seguridad de la nación», concluyó.
